La Audiencia Nacional acoge una vista sobre Alu Ibérica, con las plantas intervenidas
Al margen de la intervención judicial de las plantas de A Coruña y Avilés por una presunta descapitalización fraudulenta, el juzgado de lo social de la Audiencia Nacional acoge este jueves una vista por el conflicto colectivo en las plantas
Miles de personas han secundado la manifestación por el futuro de Alu Ibérica en las calles de A Coruña / E.P.
El juzgado de lo social de la Audiencia Nacional acoge este jueves una vista con motivo del conflicto colectivo de Alu Ibérica, las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés actualmente en manos de Grupo Industrial Riesgo. Se celebra en un momento especialmente controvertido, ya que, al margen de este proceso, ambas plantas se encuentran intervenidas judicialmente debido a la investigación que desarrolla también la Audiencia Nacional a raíz de una querella sobre la presunta despatrimonialización fraudulenta en ambas factorías tras su venta de grupo Parter –a quien Alcoa traspasó los activos– a Riesgo.
Coincidiendo con esta vista, por «los incumplimientos del ERE y venta de la empresa«, el comité de empresa de A Coruña convoca a los trabajadores de la fábrica a una concentración a las 12.30 horas en la plaza de la Audiencia Provincial en señal de protesta por verse «abocados a defenderse ante los tribunales del engaño del ERE que Alcoa presentó en octubre de 2018».
Riesgo
Por su parte, Grupo Riesgo asegura que será la ocasión en la que «demostrará sus esfuerzos por hacer viable Alu Ibérica«. La vista «permitirá a la dirección actual de Alu Ibérica demostrar sus esfuerzos para sacar adelante el plan industrial diseñado para las plantas de aluminio», subraya.
En paralelo a este procedimiento judicial, los sindicatos también denunciaron a finales del pasado año la situación que vivían en ambas fábricas después de la venta de la multinacional estadounidense Alcoa a Parter, primero, y a Grupo Riesgo, después. Esta segunda querella, independiente, aunque relacionada con la del ERE, fue admitida a trámite y en marzo se llevaron a cabo una serie de registros y detenciones. Después llegó la intervención judicial de las plantas, que continúan en esa situación en estos momentos.
Intervención judicial
En el auto de intervención, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza señala la «indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés«.
La adoptó, así, «en aras a salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores de la empresa o grupo de empresas, y de los acreedores y/o administraciones públicas eventualmente perjudicados, que pudieren resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores».
La defensa de los propietarios
En un comunicado remitido a los medios este miércoles, Riesgo afirma que el mantenimiento del empleo en A Coruña y Avilés “ha sido siempre uno de los objetivos prioritarios de los inversores”. En esa nota de prensa, el grupo investigado por la justicia acusa a los comités de empresa de ambas factorías de, haber mostrado, “desde el inicio su negativa a escuchar el plan industrial de los actuales propietarios sin tener en cuenta la opinión y el sentir de los trabajadores que representan”.
Según Grupo Riesgo, la iniciativa judicial de los comités de empresa de ambas fábricas «busca recuperar las condiciones iniciales de despido que hace dos años planteó Alcoa para cerrar las fábricas en A Coruña y Avilés».
«Aquel acuerdo fue rechazado por los sindicatos y quedó definitivamente anulado tras la venta posterior de las plantas, una compraventa que incluía unas condiciones de empleo que, a juicio de los comités de empresa, no se están cumpliendo y que Grupo Industrial Riesgo puede demostrar que sí se cumplen», confronta.
Comité de empresa
«De manera sorpresiva, el comité de empresa de A Coruña y en especial su presidente, han demostrado con gran hostilidad su rechazo a los nuevos propietarios, llegando incluso a protagonizar un incidente el pasado mes de diciembre, en el que un grupo de miembros del comité, entre ellos el presidente, actuaron violentamente contra trabajadores de la planta por el despido de una trabajadora que presuntamente coaccionaba a otros compañeros», censura.
No obstante, el Juzgado de lo Social número 6 de A Coruña ha acordado la adopción de la medida cautelar solicitada por el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en la factoría coruñesa para el mantenimiento de sus funciones representativas tras su despido el pasado mes de febrero.
