La asociación que denunció a Audasa acusa al Gobierno de «proteger» a la concesionaria de la AP-9
En Colectivo lamenta la actitud "obstruccionista" del Gobierno por su negativa a anular las prórrogas en la concesión de la AP-9 y a facilitar información a la Comisión Galega da Competencia
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
La asociación de consumidores En Colectivo vuelve a la carga contra Audasa y el Gobierno. La entidad que denunció ante la Comisión Europea las prórrogas de la concesión de la AP-9 ha criticado este jueves la actitud «obstruccionista» del Gobierno central en la investigación abierta a raíz de esa denuncia.
Según censura a través de un comunicado, la administración está tratando, a su juicio, de «proteger los intereses» de la concesionaria, que se beneficia de una «compensación desmesurada» por la realización de las obras de ampliación de la autopista.
Y es que tal y como revela la asociación, el Gobierno no ha dado pasos para anular esas prórrogas, e incluso «infringe el principio de colaboración entre administraciones públicas» al no facilitar la información requerida por diferentes organismos, como la Comisión Galega da Competencia.
Un 600% de intereses por las obras en Rande
De hecho, En Colectivo ha recordado que esta Comisión emitió un informe en septiembre del año pasado en el que calculaba que el importe total de la obra de ampliación del puente de Rande, según las cuentas presentadas por Audasa, sería de 228 millones de euros. Sin embargo, la cantidad a recuperar en 20 años, con las compensaciones aplicadas, será de 1.465 millones de euros, «lo que significa un 600% de intereses«.
«Estos datos dejan claro que el Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria», ha explicado Diego Maraña, presidente de En Colectivo, que también ha denunciado «falta de transparencia en el proceso».
En este sentido, Maraña ha explicado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha respondido a ningún requerimiento de información sobre la existencia de algún informe técnico que determine si una subida anual acumulativa del 1% en los peajes es una compensación «adecuada, o bien excesiva». Este 23 de enero finaliza, además, por la Comisión al Gobierno de España para que responda sobre esta cuestión.
