La alianza entre Greenalia y Altri arrincona a Ence en Galicia

Alianza a la vista entre Greenalia y Altri en uno de los proyectos tractores que ha impulsado la Xunta para captar fondos europeos. Smarttia, sociedad patrimonial con la que Manuel García Pardo controla su participación del 81% en Greenalia, mantiene negociaciones avanzadas con la pastera lusa para sumar fuerzas en la fábrica de fibras textiles, un proyecto que lleva aparejada una inversión cercana a los 800 millones de euros y del que en su día se borró Ence.

Y es que la Xunta sondeó a la pastera como primera opción para liderar este proyecto. La compañía se mostró favorable siempre y cuando entrase en la ecuación la planta asturiana de Navia (en donde proyecta una planta gemela) y no Lourizán, lo que truncó sus opciones de liderar esta iniciativa de la que ahora llevarán las riendas Greenalia y Altri.

De la celulosa a la biomasa

El core del negocio de esta última, que ejercerá de socio mayoritario, gira en torno a la pata que sostiene el grueso de la cuenta de resultados Ence: la celulosa. La compañía cuenta con tres plantas en Portugal a través de las cuales transforma esta materia prima en pasta de papel. Una de estas factorías (la de su filial Celbi) se ubica a apenas 20 kilómetros del puerto de Figueira da Foz. A él llegan los troncos que precisamente Greenalia, a través de sus filiales para el negocio maderero de la antigua García Forestal, le suministra desde el puerto exterior de Ferrol al amparo del contrato que ambas firmas sellaron en 2015.

El negocio de la celulosa aportó 504,5 de los 707,7 millones de euros de facturación que Ence logró en el ejercicio 2020. Pero en su cuenta de resultados también sobresalen los 205,9 millones de euros que la pastera con planta en Pontevedra obtuvo a través de su división de energía.

La compañía dio carpetazo al año 2020 con una producción de 1.421 gigavatios/hora a través de plantas como la termosolar de Puertollano que vendió a Q-Energy a finales de ese mismo ejercicio o de plantas de biomasa como la de su biofábrica de Pontevedra (la firma cifra su potencia en 35 megavatios) o la de Huelva (de 50 megavatios).

Esta última lidera el ranking de mayores plantas de biomasa de España al situarse precisamente por encima de la de Greenalia en Curtis, una instalación que quiso comprar dos años antes de su puesta en marcha. «El consejo de administración de Greenalia ha acordado declinar la oferta para la compra de los derechos de los 50 megavatios anteriormente citados, por parte de Ence Energía y Celulosa, reforzando así el compromiso de Greenalia y sus filiales con la puesta en marcha de la planta de Biomasa en Curtis (A Coruña)», revelaba la empresa coruñesa a través de un hecho relevante remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en abril del año 2018.

A la búsqueda de socios minoritarios

De esta forma, dos competidores de Ence en el negocio de la celulosa (Altri) y en la biomasa (Greenalia) unirán sus fuerzas para pilotar un proyecto para el que todavía quedan por despejar al menos dos incógnitas. Por un lado, está previsto que en las próximas semanas se revele la ubicación de esta planta de fibras textiles. La provincia de Lugo parte como favorita para albergar esta factoría sobre la que pivotarán 1.500 puestos de trabajo directos y otros 6.500 indirectos.

Además del emplazamiento, también está por resolverse otra cuestión clave: la entrada de nuevos actores. Altri tendrá la vitola de socio mayoritario en este proyecto y según revelaba el departamento de análisis del Banco Santander en Portugal, la compañía «pretende controlar más del 50% del consorcio». Pero a la firma lusa está previsto que se sumen, además de Greenalia (a través de Smarttia), otros socios minoritarios que también apoyarán el proyecto de la planta de fibras textiles que, según los cálculos de Banco Santander, generará un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 110 millones de euros anuales.

Ence, a la expectativa en Pontevedra

De esta forma, Ence contempla desde la distancia el paso adelante de dos de sus principales competidores en el negocio de la celulosa y la biomasa. La compañía que preside Ignacio de Colmenares afronta sus horas más bajas en Galicia tras el golpe judicial de la Audiencia Nacional, que el pasado verano estimó los recursos del Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra contra la prórroga de la concesión de su planta en Pontevedra hasta 2076.

La propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se refirió esta semana al futuro de Ence en Galicia. Durante su visita al acto de inicio del dragado de la ría de O Burgo, la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pidió «implicación» por parte de la Xunta y de las administraciones locales para buscar un nuevo emplazamiento a la factoría de Ence en Pontevedra.

“Nuestra apuesta es ayudar en la mayor medida posible a encontrar un emplazamiento, facilitar ese traslado sabiendo que detrás hay muchas personas que trabajan directamente en la planta y una economía forestal que nos interesa enormemente”, subrayó la vicepresidenta tercera.

Ence se enroca

Esta visión choca con la de Ence, que ha anunciado la presentación de recursos en el Tribunal Supremo para mantener su concesión en Pontevedra hasta el año 2076 (de lo contrario caducaría en 2033) al entender que su planta no sería viable en otro punto de la geografía gallega.

La compañía dio a conocer el pasado verano un informe en el que se concluía recalca que ninguna de las 441 áreas de Galicia que podrían albergar un complejo industrial reunían los requisitos para su planta de celulosa. “A partir de aquí, se descartan todas aquellas ubicaciones que, de forma obvia, no cumplen con los requisitos necesarios para poder albergar una instalación de estas características (superficie, captación de agua cercana, modelo territorial definido por las directrices de ordenación del territorio, etc.)”.

Los focos de cara a un hipotético traslado giran en torno a los dos territorios beneficiados por los fondos para la «transición justa», según reconoció la propia Ribera. Se trata de Meirama (Cerceda) y As Pontes, dos ubicaciones que la firma descartó en su momento alegando que «no se puede asegurar la disponibilidad de agua» y la afección aeronáutica por Alvedro en el caso de la primera y una supuesta afectación a espacios naturales protegidos por las obras de construcción de la canalización en la segunda.