KPMG, ariete de Sandra Ortega, Stellantis y Ence en sus batallas judiciales

Los procesos judiciales que han afrontado recientemente grandes grupos empresariales asentados en Galicia han tenido en común a la auditora KPMG, aunque por nada relacionado con el análisis de sus cuentas. Rosp Corunna, el holding de Sandra Ortega; Stellantis y Ence han utilizado informes de la consultora para defender sus posiciones ante los jueces, ya fuera en calidad de acusados, como en el caso del fabricante automovilístico por su participación en el cártel de coches, o de denunciantes, como en en la ofensiva de la hija de Amancio Ortega contra el que fuera su número dos, José Leyte.

Los procedimientos que afectan a ambos continúan su curso, mientras que el de Ence parece haber llegado a su final, una vez que el Tribunal Supremo validó la prórroga de su concesión en la ría de Pontevedra hasta 2073. La compañía que dirige Ignacio de Colmenares exhibió en la causa un informe encargado a KPMG y que se presentó por primera vez en 2013. El documento pone en valor el impacto positivo de la empresa en el desarrollo social, económico y ambiental de Galicia gracias a la fábrica de Lourizán, cuya continuidad estuvo en duda hasta hace poco más de un mes.

En una de las alegaciones presentadas en la Audiencia Nacional para defender la validez a la prórroga, Ence consideraba que «en el juego de ponderaciones de intereses públicos dignos de protección, se encuentra el del desarrollo industrial de la zona donde se ubica la concesión y el respeto medioambiental por parte de las instalaciones». Sacaba entonces a relucir el Informe sobe la contribución de la fábrica de Ence en Pontevedra al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia elaborado por KPMG y sus referencias al «empleo directo e indirecto generado», «el impacto económico en la región», «la incidencia en el desarrollo rural», el «cuidado de las masas forestales» o la «certificación forestal».

KPMG, que en su momento fuera también la encargada de emitir un informe apresurado sobre la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, no estaba sola en la batalla, pues Ence contaba también con el estudio de la firma de ingeniería Idom, que señalaba que no existía una ubicación alternativa en Galicia donde poder trasladar la factoría pontevedresa.

El impacto de un cártel en el precio de los coches

Más reciente y, a diferencia del anterior, confeccionado específicamente para el embrollo judicial, es el informe que emplea Stellantis para defenderse de las demandas por su participación en el conocido como cártel del coche. La comercializadora de la antigua PSA fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por concertar precios y compartir información comercial con los principales grupos del sector en España. Las multas impuestas ascendieron a 171 millones y afectaron a marcas como Peugeot, SEAT, Citröen, Renault, Opel, BMW, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.

Una vez las sanciones adquirieron firmeza, se abrió la puerta a que los usuarios que adquirieron los vehículos durante la etapa de funcionamiento del cártel, entre 2006 y 2013, reclamaran indemnizaciones por el teórico sobrecoste que pagaron en un mercado adulterado. Es ahí donde entra en juego KPMG. Las comercializadoras de Peugeot y Citröen llevaron a los tribunales un informe de la consultora para defender que la conducta anticompetitiva no supuso daño alguno para sus clientes.

 El documento, de 118 páginas y firmado por cinco economistas, sostiene que los precios durante los años de funcionamiento del cártel no tuvieron un comportamiento anormal salvo por la situación de crisis económica y que no subieron más que en el periodo posterior, a partir de 2013, cuando cesan las prácticas anticompetitivas de las empresas, según explica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que falló en contra del grupo de Carlos Tavares.

«No explican convenientemente los peritos (de hecho, no ofrecen la más mínima explicación), por qué el precio promedio de los coches incluso subió durante el periodo de cártel, a pesar de que éste coincidió con unos años en que la economía de las familias estaba en situación catastrófica (paro, reducción de salarios, problemas para afrontar el pago de la vivienda), y las ventas de esos productos se redujeron drásticamente. Y no es válida la comparación simple y sin mayores explicaciones, con los datos de precios de los años 2014 en adelante, que coincidieron, precisamente, con la recuperación económica», explica la sentencia. «Resulta, por tanto, más clarificador este informe pericial por
lo que omite que por lo que recoge y analiza», concluye.

Las querellas de Sandra Ortega

También Sandra Ortega ha echado mano de KPMG para exhibir informes periciales en la batalla que mantiene con su ex número dos, José Leyte, contra el que ha presentado varias querellas en las que lo acusa de administración desleal, apropiación indebida o falsificación de documentos. La última resolución conocida, como sucedió en las anteriores, fue archivada por el Juzgado. La hija de Amancio Ortega acusaba al antiguo gestor de su fortuna de haberse quedado con casi tres millones de euros cobrando incentivos por encima de los acordados con ella.

La inversora se apoyaba en un informe de KPMG sobre las tablas salariales del grupo que, en este caso, el juzgado ni siquiera llegó a considerar, al considerar que dichas tablas eran solamente documentos de trabajo que sufrían modificaciones a lo largo del año y que no bastaban para alegar que los supuestos sobresueldos de Leyte estuviesen ocultos. Al contrario, el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña recalca que Sandra Ortega tenía información sobre la remuneración de su ex número dos tanto en las nóminas como en las cuentas de Rosp Corunna, que ella misma firmaba.