Juicio en Caixanova: Pego niega trato de favor al hermano de Gorriarán
El exdirector general de la caja viguesa niega que se ocultase información al consejo sobre el préstamo a Rivas ACI, que dejó un 'roto' de 42 millones
Turno para José Luis Pego en el juicio contra los directivos de la antigua Caixanova por el roto millonario con la inmobiliaria Rivas ACI. El exdirector general de la caja viguesa ha defendido en sede judicial el préstamo de 67,1 millones de euros que la entidad concedió en el año 2007 a la sociedad participada por el hermano del que fuera su adjunto, Gregorio Gorriarán.
Según ha defendido “muchas más personas dentro de la caja” sabían que el familiar de Gorriarán se encontraba detrás de este proyecto, por lo que ha tachado que esa información fuese “ocultada”.
El exdirector general de Caixanova ha calificado como “normales” las operaciones financieras con Rivas ACI y ha asegurado que todas ellas habían sido examinadas por el Banco de España.
Las palabras de Pego se producen en respuesta a a la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito recoge que el consejo de administración de la caja no fue advertido sobre los riesgos de conceder este crédito a Rivas ACI.
Presuntas irregularidades
Tampoco se evaluó que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya sería evidente la ralentización de las ventas del sector inmobiliario.
Las irregularidades habrían proseguido tras la constitución del contrato con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que no se avisó de una segunda refinanciación de la que, según indica la Fiscalía, no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces.
Sin embargo, Pego ha defendido que los sistemas de la caja funcionaron de forma correcta en la concesión del préstamo, al tiempo que ha avalado su propia diligencia ya que «siempre preguntaba si había algún tipo de incidencia relevante (en la operación de turno que se planteaba) y si había sido aprobada por unanimidad por el comité de riesgos y el comité de evaluación».
«Política prudente»
Como hiciera en la sesión previa Gorriarán, el exdirectivo ha respaldado los 1,7 millones de euros que Caixanova, como parte de su «política prudente», otorgó a los promotores ante sus problemas para abonar los intereses del primer préstamo.
En opinión de Pego, esa decisión permitió a la entidad en aquellos momentos -enero de 2010- «mejorar su posición y protegerse a sí misma» de un posible concurso de acreedores de Rivas ACI, lo que habría dificultado aún más la posibilidad de recobro de la deuda, que finalmente generó un perjuicio de 41,8 millones de euros.
Al igual que Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación del FROB, pide para los acusados cuatro años de prisión por gestión fraudulenta del patrimonio, pena que Abanca, como heredera del quebranto, rebaja a tres años de cárcel.
