Jarro de agua fría para la plantilla Alu Ibérica: la Audiencia Nacional retrasa el juicio a mayo

La Audiencia Nacional ha decidido retrasar al próximo 20 de mayo el juicio previsto para este jueves por la demanda de conflicto colectivo presentada por varios sindicatos contra Alcoa y los sucesivos propietarios de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés: el fondo suizo Parter, al que adjudicó ambas factorías en un proceso de puja que fue tutelado por el Ministerio de Industria, y Grupo Industrial Riesgo, actual dueño de la mayoría accionarial.

Así lo aseguraban este martes los representantes de los comités de empresa de las dos factorías, que llevan meses solicitando al Gobierno central que se haga cargo de las plantas para garantizar la viabilidad de las mismas y el mantenimiento del empleo.

La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional iba contra Alcoa, Parter Capital Group y Riesgo y el conjunto de sociedades a través de las que se articularon las operaciones de venta de los activos. Según explican los sindicatos la suspensión del juicio viene determinada por la incapacidad por parte del tribunal de poder localizar en el tiempo preciso a todas las sociedades (se tuvo que recurrir a la publicación de un edicto). Al no haberles podido notificar con suficiente antelación la citación, ahora y según las centrales, hasta dos sociedades habrían solicitado al juez más tiempo para preparar su defensa.

«Maniobra empresarial»

La noticia del aplazamiento cayó como un jarró de agua fría entre las plantillas de la actual Alu Ibérica en A Coruña y en Avilés que entienden que se trata de una maniobra empresarial que los pone en una situación muy complicada. Así lo explica el presidente del comité coruñés, Juan Carlos López Corbacho, que insiste en la necesidad de que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno central actúen ante la situación que atraviesa la fábrica herculina. “Estaban más que informados de la demanda, teniendo en cuenta, además toda la publicidad que se le dio a este caso”, apunta.

Tanto en A Coruña como en Avilés los trabajadores entienden que este aplazamiento les perjudica, toda vez que el próximo agosto cuando finaliza el compromiso de 24 meses adquirido por Parter en el momento en el que se ejecutó el traspaso de las plantas de aluminio para garantizar el mantenimiento del empleo.

No obstante, esta no es la única vía judicial abierta como consecuencia de la compraventa: también hay una querella admitida a trámite que va por la vía penal.