Audasa, una mina para Itínere: perdería casi 50 millones sin el negocio de la AP-9
La concesionaria de la AP-9 sostiene casi tres cuartas partes de la facturación de Itínere y crece el doble que Autoestradas de Galicia, que controla la AG-55 y la AG-57
Tramo de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande / EFE
Audasa se consolida como el filón de Itínere. La concesionaria de la AP-9 sostiene casi tres cuartas partes del negocio de su matriz gracias al caudal de ingresos que genera con la autopista que vertebra Galicia desde Ferrol hasta Tui, que explotará hasta el año 2048.
No en vano, según revela Itínere en sus cuentas anuales de 2022, Audasa generó 171,8 de sus 242,1 millones de euros de facturación. Se trata del 71,2% del total de la cifra de negocio de un grupo que también controla otras tres autopistas: la AP-66 (conecta Asturias con León), la AG-55 (entre A Coruña y Carballo), la AG-57 entre (Puxeiros y Val Miñor) y la AP-8 (une Irún y Bilbao).
Además, Audasa es la segunda empresa del grupo Itínere que más crece en ingresos. Su rebote del 14,3% tan solo es superado por 145,7% de Gesbisa, que generó 11,3 millones en 2022. Esta última, concesionaria de su autopista en el País Vasco ve engordada esta cifra tras haber integrado a Gebisa y pasar a integrar a una firma que había movido 4,8 millones de euros en 2021 con sus tarifas por peajes.
Aucalsa, concesionaria de la autopista Astur-Leonesa, aportó unos ingresos por valor de 41,8 millones de euros a lo largo de 2022 tras haber crecido un 10% en el último año. Por su parte, Autoestradas de Galicia, concesionaria de la AG-55 y la AG-57 (ambas de titularidad autonómica) fue la que menos aumentó su recaudación por peajes (un 7,2%), situando la cifra final en 16,3 millones de euros.
La fórmula de Audasa
Audasa alcanzó en 2022 su récord de facturación pese a haber registrado un tráfico de 24.561 vehículos por día, un 9,1% inferior al máximo logrado en 2007. Las sucesivas subidas de los peajes por obras como la circunvalación de Santiago de Compostela y la ampliación del Puente de Rande, unidas a las aplicadas como consecuencia de la inflación, han llevado en volandas a la cuenta de resultados de la concesionaria de la AP-9.
Y es que su beneficio neto se disparó un 30%, hasta los 66,1 millones de euros. Esta bonanza contrasta con la del resto de sociedades del grupo. Tanto es así que Itínere se habría anotado unas pérdidas por valor de 46,1 millones de euros de no ser por este empujón de Audasa. Según reconoce la firma en su memoria anual, su beneficio neto se situó en los 20 millones de euros en 2022, una cantidad en la que están incluidas las ganancias de Audasa.
Con estos 20 millones de euros, Itínere duplica su resultado del año anterior (diez millones de euros de beneficio) y pone tierra de por medio respecto a las pérdidas por valor de 47 millones de euros que se anotó en 2020 por un golpe de la pandemia por el que ahora pleitea en los tribunales.
Las cuentas pendientes de Audasa
Itínere, controlada al 54,2% por Arecibo (sociedad que tiene al fondo neerlandés APG como máximo accionista, con un 69,9%, dejando en manos de Globalvia el 30,1% restante) arrancó en febrero del año pasado una reclamación por la vía de lo contencioso-administrativo. Lo hizo tras no haber obtenido una respuesta favorable por parte del Ministerio de Transportes respecto a su petición compensaciones por la caída del tráfico por la pandemia. Audasa cifró en 46 millones de euros el agujero en sus ingresos como consecuencia de las sucesivas restricciones de movilidad.
Esta no es la única cuenta pendiente que tiene Audasa. La compañía también cifraba al cierre de 2022 en 338 millones de euros el saldo a compensar por parte del Gobierno por las inversiones y los descuentos efectuados a lo largo de los últimos años en la principal autopista gallega.
Además, la compañía ya lanzó una advertencia sobre la factura que pedirá al Estado en el caso de que Bruselas declare contraria a derecho su última prórroga en la concesión. Audasa aseguró mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, llegados a ese punto, reclamaría una cantidad de un importe significativamente superior a los 1.034 millones de euros. Esta cifra es a la que asciende la deuda financiera neta de la entidad como consecuencia de las inversiones llevadas a cabo en esta infraestructura.
