Isolux se la envaina en su disputa con el Estado por las fotovoltaicas

La empresa de ingeniería Isolux, presidida por Luis Delso, se la ha tenido que envainar en su litigio contra el Estado por el recorte de las renovables.

El Estado ha ganado el primero de los 22 laudos arbitrales a los que, entre 2013 y 2015, han acudido empresas y fondos de inversión en busca de indemnizaciones multimillonarias por entender que los recortes, aplicados por el Gobierno socialista en 2010 para reducir el insostenible aumento experimentado por el déficit de tarifa, les había hecho perder expectativas legítimas de beneficio.

Los abogados del Estado, junto a los expertos arbitrales de Herbert Smith Freehills –el despacho contratado por el Gobierno para varios de estos laudos–, han respirado tranquilos. El laudo concluye que no se violó expectativa legítima y que los demandantes no podían esperar que el marco permaneciera inmutable durante toda la vida de sus plantas.

Soria se precipita de nuevo

También se congratulaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien, como ya hiciera el pasado mes de diciembre en relación a una sentencia del Tribunal Constitucional, se apresuraba a subir a la página web del Ministerio, saltándose la confidencialidad que, sin acuerdo de las partes, obliga a mantener en secreto el resultado del laudo.

Luis Delso y José Gomis, presidente y vicepresidente de Isolux Corsán, habían tratado –al denunciar a España en febrero de 2013 ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo– de obtener una indemnización por los recortes a las primas.

No coló el argumento de Isolux

Lo hicieron de manera solapada, haciendo ver que, tanto la holandesa Charanne como la luxemburguesa Construction Investment, eran simples inversores de T-Solar –la filial fotovoltaica de Isolux–, pero el argumento de los abogados del Estado echaba por tierra este argumento.

Bastó ver el reparto accionarial de Isolux, donde Charanne ostenta el 2,4% y Construction Invetment el 52%, para que los letrados públicos alegaran ante el tribunal arbitral que «detrás de la cubierta societaria de estas sociedades, los verdaderos demandantes eran los señores José Gomis y Luis Antonio Delso».

Dejaban así sin mucho recorrido el alegato de los directivos y propietarios de Isolux relativa a que sus plantas solares estaban asignadas a filiales en Holanda o Luxemburgo. El mismo argumento utilizado por Abengoa con el laudo interpuesto por su filial CSP Equity Investment.

Indemnización por el valor justo de la inversión

En su comparecencia ante el tribunal, Isolux, a través de sus abogados, apuntaba que «no era necesario probar la mala fe del Estado, sino que el elemento esencial es el efecto causado en la inversión». Y por ello, pedía una indemnización «equivalente al valor justo de mercado de la inversión en diciembre de 2010».

El laudo no obtuvo el respaldo unánime de los tres árbitros, por lo que tuvo que ser el voto del presidente del tribunal, Alexis Mourre, el que decidiera rechazar la pretensión de Isolux y dar la razón al Estado.

Voto discrepante

Si bien Guido Tawil, autor del voto discrepante, estaba de acuerdo en que «no se había acreditado la existencia de una expropiación directa de la inversión por parte del Reino de España», no lo estaba respecto al hecho de que el recorte no hubiera generado un perjuicio a Isolux.

«Modificar el beneficio otorgado a quienes habían invertido en función del régimen de promoción instaurado, estaría provocando un perjuicio al no establecer compensaciones, algo que estaría violando las expectativas legítimas creadas», señala el árbitro.

Cautela ante futuros laudos
 
A partir de aquí, y aunque Soria cante victoria, la guerra de las renovables continúa, y los abogados del Estado, a pesar de este primer laudo favorable, muestran sus cautelas acerca de lo que puedan dilucidar en el futuro los árbitros de otros laudos.

Con la misma defensa sobre el mismo recorte, España puede perder en un arbitraje y ganar en otro, al no tener peso alguno la jurisprudencia. Y son 21 los laudos que restan por dictaminar. El último fue presentado el pasado mes de noviembre por un grupo de bancos alemanes, encabezados por el Landesbank Baden-Württemberg.

Ciadi y Uncitral

Lo hicieron ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), al que también han acudido, desde noviembre de 2013, las  sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1 y Watkins.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, a la que acudieron Isolux y Abengoa para solicitar la indemnización para sus filiales.

Miles de millones en juego

La presentada ante Uncitral (corte de derecho mercantil de la ONU, con sede en Viena) suponía la segunda vez en la historia que inversores usaban la Carta de la Energía para demandar a un Estado comunitario. Se trata de un documento de 1991, creado para garantizar las inversiones entre Europa y los países de la antigua Unión Soviética.

En este tira y afloja, las cantidades reclamadas no son fáciles de conocer. No se hacen públicas. De ahí que Industria tachara, al subir el laudo a su web, lo que Isolux había solicitado como indemnización para evitar ser demandada por esta indiscreción. No obstante, algunas fuentes se atreven a hablar de miles de millones de euros los que están en juego, al sumar la inversión acometida a las expectativas de beneficio futuro durante 40 años.