Iberdrola se revuelve contra Competencia por sus centrales del Sil
La investigación del regulador por fraude desde varios complejos hidroeléctricos partió de la Secretaría de Estado de Energía
Iberdrola se revuelve. Lo hizo a finales de 2015, cuando recibió una sanción de 25 millones por parte de Competencia. Volvió a insistir en marzo del año pasado, cuando la Audiencia Nacional decidió suspender cautelarmente la sanción, sin entrar en el fondo del asunto. Y lo repite ahora, cuando todavía está sin revolver el recurso contencioso presentado, y de nuevo salta a la palestra el papel de las grandes eléctricas en la conformación de precios en coyunturas especialmente críticas.
Fuentes de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, que admiten que el proceso judicial sigue abierto, sin que haya una decisión por parte de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso más allá de la suspensión cautelar de la multa, arremeten contra Competencia, igual que lo hicieron cuando recibieron la sanción.
Competencia, categórica
El organismo regulador abrió un expediente a instancias de la Secretaria de Estado de la Energía, que concluyó de forma categórica: el grupo alteró el mercado «de forma fraudulenta» al reducir la producción en la cuenca del Miño-Sil en períodos de fuerte demanda y mayores precios para hacer entrar en funcionamiento los ciclos combinados, más caros.
Básicamente, Iberdrola Generación, filial que controla las centrales del Miño-Sil, Duero y Tajo, redujo la producción de sus hidroeléctricas en un momento de fuerte demanda con «el propósito de hacer entrar ciclos combinados más caros, asegurando así un precio de mercado más elevado que el que se habría obtenido de otro modo».
Comportamiento «racional»
Iberdrola arremete contra Competencia y considera que en el periodo analizado por el organismo regulador «no hubo manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica porque actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas, lo que además se ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes».
En su descargo, Ibredrola señala que su «comportamiento fue perfectamente racional y legítimo y los hechos en los que se basa el expediente, respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones».
La Audiencia Nacional activó una suspensión con garantías, no exculpatoria, y que formaba parte del procedimiento contencioso ordinario. La sala obligó a Iberdrola a presentar una garantía de pago para hacer frente a la multa, e incluso el abogado del Estado se opuso a la suspensión en base a que no se daba la «apariencia de buen derecho» y en que la suspensión tenía efectos perjudiciales para el interés público.
