Iberdrola, Naturgy, la Xunta y el Gobierno acaban ante la Fiscalía por el vaciado de embalses
La asociación ecologista Adega ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue la responsabilidad de las eléctricas y las administraciones en la brusca bajada de nivel de cuatro embalses gallegos
Vista general sobre el estado del embalse de Salas en la cuenca Miño-Sil – Rosa Veiga –
El vaciado de embalses en plena escalada del precio de la luz entraña un importante riesgo ambiental. De hecho, la Consellería de Medio Ambiente procedió a realizar análisis diarios en las zonas afectadas por la bajada de nivel en las presas de Cenza, Belesar, As Portas y Salas cuando se enteró del vaciado, mucho después de que las empresas se lo comunicaran al Gobierno gallego aunque, según Feijóo, por canales que no eran adecuados.
Al margen de la tormenta política y los reproches entre administraciones, las asociaciones ecologistas, que en muchos casos ya habían presentado alegaciones contra las antiguas concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos, han estado vigilantes en esta crisis y una de ellas ha acabado por llevarla ante la Fiscalía.
Adega ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue los desembalses y determine la responsabilidad de compañías y administraciones en la brusca bajada de caudal de este verano. La petición de la entidad incluye a las titulares de los embalses, Iberdrola y Naturgy, y también a la Xunta y al Ejecutivo central.
La responsabilidad de la Xunta y el Gobierno
Para Adega, la caída por debajo en ocasiones del 15% del nivel de los embalses debe ser investigada por la Fiscalía ante la posibilidad de que las empresas concesionarias de la explotación de los recursos hidroeléctricos hayan podido cometer delitos contra la fauna, la flora y el medio ambiente.
Además, también apunta a la responsabilidad de Xunta y Gobierno del Estado, a los que acusa de «dejación de funciones», según incide en un comunicado. En el caso de la Administración autonómica, Adega recuerda que tiene «competencias exclusivas» en el asunto e interpreta que su forma de proceder puede haber supuesto una «prevaricación omisiva».
