Iberdrola, a juicio por manipular el precio de la luz desde sus embalses gallegos
La Audiencia Nacional envía a juicio oral a la compañía de Ignacio Sánchez Galán por frenar la generación hidroeléctrica en sus centrales del Sil, el Duero y el Tajo para inflar artificialmente los precios de la luz
Ignacio Sánchez Galán durante la junta de accionistas de Iberdrola / EFE
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos al considerar que en 2013 la compañía «ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía» con la finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores».
Ese sistema ya había sido descrito anteriormente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y tenía como eje las centrales hidroeléctricas de la compañía de Ignacio Sánchez Galán, entre ellas, las gallegas del río Sil, así como las ubicadas en el Duero y el Tajo. El Juzgado Central de Instrucción número 2 entiende que pudo existir un delito de mercado y contra los consumidores por aumentar de manera artificial los precios de la energía procedente de los embalses con el objetivo de conseguir un «mayor precio en el mercado eléctrico».
La operativa de Iberdrola
Según describió Competencia, Iberdrola Generación, filial del grupo, redujo la disponibilidad de sus centrales para aprovechar puntuales alzas de precios en momentos de gran demanda, concretamente en período de Navidades, y así hacer entrar en funcionamiento las centrales de ciclo combinado (utilizan gas para producir electricidad), que son más caras.
La estrategia consistía en reservar esa capacidad de energía hasta el punto de reducir su nivel de producción hidráulica en el mercado diario mayorista sin que estuviera justificado por la falta de recursos hídricos. El superregulador decidió sancionar con 21,5 millones a la compañía por estas prácticas.
Un impacto de 107 millones para los consumidores
El juez Moreno reproduce las conclusiones que había extraído Competencia. En su auto, el instructor detalla que Iberdrola quebrantó «el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh».
Fue a partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando «el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables».
«La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 €/MWh», apunta el magistrado.
Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, «lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros«, lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.
Penas de cárcel y multa de 84 millones
Esta operativa fue adoptada, sostiene el auto, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.
El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros — el cuádruple del beneficio obtenido– así como el decomiso de las ganancias obtenidas.
