Huelga en Celsa Atlantic con la fábrica de A Laracha a medio gas
La plantilla irá cuatro días a la huelga para exigir el desbloqueo del convenio y un plan de inversiones ante el temor a un nuevo cierre en la industria gallega
La plantilla de Celsa Atlantic en A Laracha (A Coruña) irá cuatro días a la huelga para exigir el desbloqueo en la negociación del convenio colectivo, así como un plan de inversiones para asegurar la viabilidad de la factoría. Las instalaciones, informa la CIG, se encuentran actualmente al 50% de la capacidad y el objetivo de los trabajadores es que vuelva a funcionar a pleno rendimiento.
Los paros están convocados para el 28 de junio y 5 de julio, cuando la huelga será de 24 horas, y para el 3 y el 10 de julio, cuando se desarrollará entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Según explica el presidente del comité de empresa, Agustín Méndez, el convenio de Celsa Atlantic venció en diciembre de 2019 y desde entonces no se ha conseguido llegar a un acuerdo. La plantilla asegura que la dirección se niega incluso a una subida salarial equivalente a la del IPC.
La planta gallega, antigua siderúrgica de Manuel Añón, es la única del grupo que no tiene convenio propio, por lo que perciben los salarios más bajos.
Inversiones en Francia, recortes en Galicia
El comité de empresa advierte de una “preocupante” falta de inversiones en la planta y del bajo nivel de actividad en el que opera. Méndez apunta que tiene capacidad para producir un millón de toneladas de acero, pero que solo está fabricando medio millón y parte de las instalaciones están paradas.
El presidente del comité lamenta que, “mientras la dirección habla de la imposibilidad de invertir en Galicia por una supuesta falta de mercado”, en una de sus fábricas en Francia “acaba de gastar 60 millones para aumentar la producción”.
Méndez denuncia que la crisis industrial en el sector electrointensivo y la falta de una regulación energética acorde a las necesidades de las empresas están provocando una “agonía constante” que las compañías aprovechan para “castigar a los trabajadores” y “precarizar el empleo”.