Hércules de Armamento no llega a fin de mes

Las cuentas parece que no son el fuerte de Hércules de Armamento. Al menos así lo demuestra el roto que le ha hecho a la empresa Segur Ibérica, que hasta el pasado martes se encargaba de velar por la seguridad de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas y de sus trabajadores, y a la que la concesionaria adeuda cerca de medio millón de euros.

El problema está en que las cosas no le salen como esperaba. Prometió ampliar capital, dar entrada a un socio industrial, conseguir nuevos proveedores… y de momento lo único que ha conseguido es que Defensa le retire la autorización para fabricar armas, de tal manera que pierde los ingresos que esta actividad le podía generar, al tiempo que deja en el aire los empleos vinculados a la misma.

Desde la empresa guardan silencio sobre nuevos contratos, pero llevan anunciando desde hace casi un año la llegada de un inversor que siempre está a punto de entrar en el capital de la empresa, pero que nunca acaba de dar el paso.

Además, desde hace dos meses tiene más gente entre la que repartir sus ganancias. La contratación in extremis de 90 trabajadores obliga a abonar salarios y cotizaciones, entre otros conceptos. Los propios trabajadores han reconocido impagos de hasta tres nóminas por parte de la empresa. No todos pueden presumir de cobrar regularmente a final de mes.

Obligaciones

El pasado mes de octubre, Hércules de Armamento estaba obligada a abonar los más de 200.000 euros del canon a Defensa por la cesión de las instalaciones. Desde el Ministerio ni confirman ni desmienten que dicho pago se haya realizado. Tampoco aclaran muy bien las consecuencias de la retirada de la autorización para fabricar armas.

Sin embargo, en el pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión sí que hacen referencia a esta circunstancia. Concretamente en la cláusula 24, que hace mención a las causas que darían lugar a la extinción de la concesión y que cita textualmente «La revocación, por causa justificada, adoptada por la DGAM (Dirección General de Armamento y Material), de la autorización para poder fabricar en las instalaciones armas».

Situación complicada

Con este panorama, las administraciones, como es el caso del Ayuntamiento de A Coruña, como hace unos meses lo fue la Consellería de Industria de la Xunta y más recientemente la Valedora do Pobo, empiezan a pedir información sobre la situación real de la empresa y de los puestos de trabajo ante el temor de que pueda llegar a ponerse en riesgo el futuro de la actividad en las instalaciones.

De momento la dirección tiene trabajo por delante para seguir buscando carga de trabajo –en el ámbito armamentístico de momento no–, inversores, y una estrategia para ir pagando lo que adeuda a empresas de servicios y personal, que no es poco.