Hércules de Armamento maniobra para quedarse con la tecnología de General Dynamics

Hércules de Armamento, la empresa concesionaria de las instalaciones de la antigua fábrica de armas de A Coruña, está ahogada en un mar de deudas. Cuando están a punto de cumplirse dos años desde que ganó el concurso del Ministerio de Defensa, su máximo responsable, Ramón Mejuto, cuenta los días para celebrar el tercer año. Entonces podrá respirar más tranquilo.

General Dynamics, la multinacional que ocupaba anteriormente las instalaciones de Defensa, se comprometió a ceder la maquinaria al nuevo proyecto industrial. En el acuerdo, figura una cláusula que deja abierta la posibilidad de que el adjudicatario de la concesión se pueda hacer con los equipos propiedad de la empresa norteamericana cuando se cumplan tres años y un día de la cesión.

Balón de oxígeno

La maquinaria, que en estos dos años apenas se ha utilizado, es el principal activo del negocio que dirige Ramón Mejuto. De hecho, en las dependencias de Pedralonga hay un haz de electrones, una herramienta de precisión única en España y de muy alto valor.

El empresario, que tiene ya varias sentencias en su contra que le obligan a indemnizar a su antiguo socio, Juan José Gómez Rey, y a pagar los sueldos atrasados a algunos de los trabajadores que lo han ido denunciando por impagos a lo largo de este año, tiene así una oportunidad de lograr un bien con el que poder responder a sus deudas.

Sin embargo, la situación financiera de la empresa es tan extremadamente delicada que lo más probable es que no llegue a soplar las tres velas. El Ministerio de Defensa tiene que convocar en los próximos días una comisión de seguimiento que puede ser determinante.

Difícil cumplimiento

Al contrario que en las citas anteriores, en las que Mejuto logró cumplir sobre el papel, a esta reunión acude con muchos puntos en su contra. El primero, que no tendrá capital para hacer frente al tercer pago de la concesión –se abona la anualidad por adelantado–, que asciende a 381.000 euros. El ejercicio anterior tampoco lo abonó, por lo que el ministerio se vio obligado a ejecutar el aval que depositó junto a su ex-socio al inicio de la concesión.

Además, la empresa, que prácticamente no tiene actividad, ya no cumple con el requisito de personal. Debía mantener una plantilla de 155 trabajadores indefinidos durante tres años. El año pasado los tenía, pero en 2016 perdió a una buena parte de ellos después de tenerles aguantando meses sin cobrar. Tampoco ha conseguido recuperar el permiso para fabricar armamento y la antigua empresa de seguridad y las administraciones públicas también están a la espera de que satisfaga unas deudas ya millonarias.