Hércules de Armamento fía su seguridad a una empresa procesada por fraude

El gerente de Alcor Seguridad y otros mandos intermedios fueron detenidos por delitos fiscales, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental

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El pasado 18 de marzo, las instalaciones de la Fábrica de Armas recuperaron el servicio de seguridad, lo que posibilita a la empresa concesionaria de las mismas, Hércules de Armamento, recuperar la autorización del Ministerio de Defensa para fabricar armas de fuego.

La empresa atraviesa por una situación económica delicada, con númerosos impagos, incluído el canon por la cesión de las instalaciones al ministerio que puede poner en riesgo la concesión. Ante este panorama, es comprensible las dificultades que la empresa ha podido tener a la hora de contratar una nueva empresa de seguridad. La elegida, Alcor Seguridad, una firma con sede en Monforte que tampoco puede presumir de no tener manchas en su expediente.

Detenciones

Su gerente, Carlos Somoza, estuvo detenido tres días el pasado mes de octubre acusado de un delito contra la hacienda pública, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero de falsedad documental, aunque finalmente fue puesto en libertad provisional. En el marco de la operación, otros mandos intermedios de la empresa fueron detenidos en Canarias y Asturias, comunidades en las que la empresa presta servicios.

Al parecer, la manera de trabajar de Somoza no agrada a sus empleados. Antes de crear Alcor, ejercía ese mismo cargo en Serramar, otra firma del sector. Su madre, Obdulia Fouces, se vio obligada a denunciar a la empresa – que su hijo había dejado dos años antes – después de que le destrozasen el local que les había alquilado y que está en la misma calle que la de Alcor. Entre los destrozos, una pintada con un mensaje: «Por lo que nos hizo su hijo».

Subrogación

Alcor Seguridad tiene también otro frente abierto, heredado de la mala gestión de Ramón Mejuto. A pesar de que la anterior empresa encargada de las labores de seguridad abandonó las instalaciones como consecuencia de un impago cercano al medio millón de euros, sus trabajadores tienen derecho a ser subrogados por la nueva sociedad.

De momento, aseguran, nadie se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles un puesto de trabajo en Alcor Seguridad, aunque aclaran que la empresa dispone de un plazo de 30 días a partir del inicio de la prestación del servicio para poder hacerlo. En este sentido, confían en tener noticias en los próximos días.

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