Hacienda reclama 39 millones en impuestos a la filial de Stellantis condenada por el cártel de los coches

En abril de 2021, una sentencia del Tribunal Supremo puso fin a la batalla judicial que libró una de las filiales de Stellantis, PSAG Automóviles Comercial España, por evitar las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia derivadas de su participación en el denominado cártel de los coches. Esta sociedad, multada por intercambiar información sensible con buena parte de las grandes compañías de la automoción que operan en España, encajó una sanción de 14,7 millones, a la que se sumó otra de 15,7 millones de Peugeot España, otra filial del grupo que fue absorbida por la primera.

Fue esta resolución del Supremo, y la similar suerte que corrieron el resto de grandes marcas, como Ford, Fiat, Toyota, Opel, Hyundai o BMW, la que desencadenó los actuales litigios impulsados por los clientes afectados con el objetivo de recuperar con intereses el precio que pagaron de más al adquirir su vehículo msientras operaba el cártel, entre 2004 y 2013. La primera sentencia conocida en Galicia contra el cártel de coches la dictó el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, que fijó una indemnización 1.284 euros a un cliente de, precisamente, PSAG Automóviles.

La batalla de Stellantis y Hacienda

Pero este no es el único embrollo judicial que tiene por delante la filial de Stellantis. A cierre de 2021, la empresa tenía provisionados otros 25 millones para atender a los litigios fiscales pendientes por el Impuesto de Sociedades y el IVA. Todo el grupo español lidia con reclamaciones de la Agencia Tributaria por las liquidaciones de impuestos, especialmente por la deducibilidad de los royalties transmitidos intragrupo. La filial implicada en el cártel de coches no es una excepción.

Según explica en su memoria anual, las reclamaciones de Hacienda afectan a los ejercicios de 2011 a 2014 y han sido recurridas ante la Audiencia Nacional con excepción del conflicto con los royalties, pues según detalla PSAG, el propio grupo ha iniciado un procedimiento amistoso con la Agencia Tributaria para llegar a un entendimiento en el marco del convenio para evitar la doble imposición entre España y Francia. En el caso de la filial, el fisco cursó una liquidación de 32,3 millones para los ejercicios afectados.

Exención del IVA e IRPF

Los otros procesos en los que hubo discrepancia atañen a la no exención del IVA en comisiones de intermediación de operaciones de financiación, con una reclamación de 5,4 millones; y a la no exención en el IRPF de las indemnizaciones por despido abonadas por la compañía, proceso en el que están en juego 1,4 millones. En conjunto, 39 millones de euros que se deciden en sede judicial y en el arbitraje.

Las provisiones dotadas por PSAG ascienden a 18,9 millones por el Impuesto de Sociedades, debido a los royalties intragrupo; y a 1,7 millones por el IVA. A esto se suman otros 3,8 millones por intereses de demora. En conjunto, 24,5 millones. Estas reservas, dice la sociedad, «se calculan en base a los litigios fiscales que han sido recurridos, así como los ejercicios fiscales posteriores a la finalización de las actuaciones inspectoras hasta el ejercicio actual».

Caso Mutua Universal

No dotó provisión alguna la filial comercial de Stellantis en otro proceso judicial que también continúa pendiente: el relacionado con el caso Mutua Universal. La Policía entró en las oficinas de la entidad en 2007, una intervención que supuso el inicio de un larguísimo procedimiento por el desvío de cerca de 200 millones de la Seguridad Social. PSA Peugeot Citröen se vio envuelto en el caso, al igual que otras 2.000 empresas, como partícipe a título lucrativo, ya que, según la Fiscalía, Mutua Universal retornaba a las empresas cotizaciones sociales de los trabajadores para fidelizarlas y ganar cuota de mercado.

En el caso de PSAG, la responsabilidad civil directa exigida asciende a 5,9 millones. «Con fecha 17 de febrero de 2016, la Sociedad recibió una notificación del Juzgado de Instrucción n°21 de Barcelona sobre un procedimiento en contra de la empresa y de otras entidades en relación a una denuncia presentada por la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Barcelona y la Tesorería General de la Seguridad Social (entre otros querellantes) en concepto de apropiación indebida ligada al procedimiento abierto contra la entidad Mutua Universal», detalla en su memoria de ejercicio, en la que añade que ha depositada aval bancario para cubrir el pago, pero ha optado por no provisionar cuantía alguna.