Hacienda investigó las operaciones con divisas de Jordi Carulla en 2001
El BOE publicó un expediente por supuesta infracción de la Ley de Cambios, aunque el propietario de Agrolimen pudo demostrar su condición de 'no residente'
Jordi Carulla, propietario de Agrolimen, es un viejo conocido del Ministerio de Hacienda por sus presuntas infracciones en la compra-venta de divisas en el mercado internacional.
En la actualidad, los seis hermanos Carulla -entre ellos Artur, presidente de Agrolimen, y Mariona, presidenta del Palau de la Música- están siendo investigados por un presunto fraude fiscal cometido, según el Ministerio de Hacienda, a través de un conglomerado de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales y construido a partir del grupo alimentario.
Actualmente, se pone en duda la legalidad de una operación de intercambio de acciones por más de 60 millones. Pero según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de mazo de 2002, esta no sería la primera vez que Hacienda investiga a Jordi Carulla.
La publicación oficial recoge un edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTPF), dependiente del Ministerio de Hacienda, que notifica a Jordi Carulla un expediente sancionador por supuesta infracción de la Ley sobre el Control de Cambios.
La fecha de resolución era el 10 de octubre de 2001, justo un año después del fallecimiento de Lluís Carulla Canals, padre de Jordi y fundador de Gallina Blanca, según recoge la publicación especializada Fomento de la Producción.
Sin domicilio conocido
La DGTPF publicó la propuesta de resolución del expediente sancionador abierto contra Jordi Carulla al desconocer “el último domicilio del interesado”, según el BOE. Por esas fechas, el propietario de Agrolimen ya trasladó su domicilio a Londres.
Precisamente este hecho jugó a favor de Jordi Carulla que pudo demostrar su condición de ‘no residente’ en España, que le eximía de cumplir la Ley de Cambios. El 15 de abril de 2002, se archivaba el caso, según ha contrastado Economía Digital.
La defensa de los Carulla ha aportado ahora esta resolución como prueba de que las autoridades monetarias españolas ya reconocieron, hace diez años, la condición de ‘no residente’ del propietario de Agrolimen. Repitiendo los argumentos de entonces, Jordi Carulla quiere demostrar su inocencia de los delitos de evasión fiscal que ahora se le imputan junto a sus cinco hermanos.
