Habla Industria: Alcoa debe devolver 34 millones por el ERE que tumbó la Justicia
“El inicio del despido colectivo en Lugo ha sido el detonante de esta solicitud”, indican sobre la reclamación de ayudas públicas en forma de créditos de compensación de CO2
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo/Archivo
Industria confirma lo adelantado por Economía Digital Galicia esta semana. Fuentes del departamento de Reyes Maroto indican que, efectivamente, ha procedido a reclamar a Alcoa el reembolso de 34 millones de euros en concepto de créditos de compensación de C02 correspondientes a ayudas percibidas durante los ejercicios 2018 y 2019. El germen de esta demanda se encuentra en el expediente de regulación de empleo (ERE) que la multinacional americana quiso poner en marcha en la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, pero que fue tumbado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apreciar “mala fe” por parte de la compañía.
Fuentes del departamento ministerial consultadas por este medio explican que, al haber iniciado la compañía en su momento este expediente laboral, “no está cumpliendo con la cláusula de garantía de empleo durante tres años que exige el orden de las ayudas”. “El inicio del despido colectivo en Lugo ha sido el detonante de esta solicitud”, añaden.
Un ERE que no fue
Lo cierto es que, hace ahora algo más de un año, en el Congreso, Maroto indicó que el Ejecutivo habría requerido a la empresa que justificase el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de empleo, necesarios para poder recibir las ayudas por CO2 que tradicionalmente el Gobierno reparte a la gran industria. “Estas ayudas están condicionadas a que la empresa mantenga los puestos de trabajo durante tres años, por lo tanto exigimos a Alcoa que justifique el cumplimiento de esos compromisos, y en su caso, le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas”, dijo entonces la dirigente política.
A pesar de que la advertencia de Maroto fue pública, poco se supo posteriormente de su ejecución. Y es que en diciembre de 2020, la justicia gallega anuló el ERE, que afectaba a más de medio millar de trabajadores.
Fue la corporación Alcoa, en una reciente comunicación a la SEC (una suerte de equivalente americano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores), quien reveló que el Ministerio de Industria inició el pasado mes de junio el proceso para solicitar a la corporación aluminera el reembolso de esos 34 millones de euros: 11 correspondientes a créditos de compensación de CO2 recibidos en 2018 y 23 millones de 2019. En esa documentación, los de Pittsburgh indican, además, que tampoco recibieron «créditos de compensación de CO2 ganados en 2020 debido a las mismas circunstancias”.
Recurso de apelación
Eso sí, en su memoria trimestral, la compañía aluminera expone su rechazo a la postura del Ministerio de Industria. La firma asegura que “discrepa de la posición del Ministerio”, ya que “no se concluyó el proceso de despido colectivo y se mantiene en funcionamiento el empleo en San Cibrao”. En consecuencia, prosigue, “la compañía ha presentado un recurso de apelación”.
Este jueves, y preguntado al respecto por Europa Press, el presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, dijo desconocer si, como ahora confirma Industria, el ministerio había presentado una reclamación a la compañía aluminera por las ayudas al CO2. En todo caso, insistió en que «si se cierra la fábrica, las subvenciones que mantuvieron los puestos de trabajo y el empleo durante tres años tendrían que ser devueltas«.
Alcoa tiene recurrido ante el Supremo la decisión del TSXG. No obstante, en su última oferta hecha al Gobierno central y que pasa por mantenerse al frente de San Cibrao un año más (tiempo en el que el Ejecutivo debería dar una respuesta que rebajase la ingente factura eléctrica de la planta), aseguró que mantendría el empleo, aún a pesar de que, hipotéticamente, la resolución del recurso fuese favorable a la compañía.
