Guerra total en Alu Ibérica: Alcoa reclama 40 millones a Parter y Riesgo en pleno cerco judicial
La multinacional abre un nuevo frente contra Parter y Riesgo por incumplir su contrato para la compra de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés, que se encuentran intervenidas judicialmente
Imagen de la manifestación de trabajadores de Siemens Gamesa, Endesa y Alu Ibérica en A Coruña
Alcoa vuelve a la carga contra Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo por su gestión en Alu Ibérica. La multinacional estadounidense reclama 40 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a ambas firmas por los, a su juicio, incumplimientos en el contrato de compraventa de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés que selló con el fondo suizo en verano de 2019.
En concreto, Alcoa pide ahora de vuelta una cantidad que es idéntica a los pagos que ha venido realizando periódicamente a Grupo Industrial Riesgo desde que esta última se hiciese con las dos fábricas en abril de 2020, una operación que ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia, que ha decidido intervenirlas judicialmente.
Según informa La Nueva España, el movimiento de Alcoa se produce después de conocer el informe de los interventores. En él se recogían la existencia sueldos desorbitados y la celebración de contratos entre empresas del Grupo Industrial RIesgo con el objetivo de “descapitalizar” la empresa. Consultadas por Economía Digital Galicia fuentes de Alcoa se limitaron a señalar que la multinacional ya inició acciones legales contra Parter el año pasado tras conocerse la venta a Riesgo.
La venta de San Cibrao en el horizonte
Además de reclamar estos 40 millones por incumplir el contrato de compraventa, Alcoa también ha rechazado la pretensión de la cúpula de Grupo Industrial Riesgo para que fuese la multinacional la que se hiciese cargo de la devolución de las ayudas públicas por las emisiones de CO2 de los años 2016, 2017 y 2018.
El movimiento de Alcoa se produce a las puertas del viaje que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantendrá en la sede central de la compañía (en Pittsburgh) con el objetivo de desbloquear la venta de la planta de aluminio de San Cibrao. La multinacional se reafirma en su posición de exigir que sea la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que ejecute la compra para, posteriormente, venderla a un tercero. Se trata de una posibilidad que el propio Gobierno abrió en septiembre del año pasado (tras el naufragio de la venta a Liberty Group), pero a la que en los últimos meses ha dado portazo.
