Guerra total: el Gobierno prepara una ofensiva fiscal contra Alcoa
El Ejecutivo revisará la situación fiscal de Alcoa y estudia medidas de presión para evitar que pare la producción en Lugo tras negarse a vender la planta
El naufragio de la venta de la planta de Alcoa en Lugo a Liberty sentó como un jarro de agua fría en A Mariña, en la Xunta y en el Gobierno, que se había implicado con fuerza en las últimas semanas, llegando incluso a ofrecerse para adquirir la factoría. Fuentes políticas consultadas indican que en el último fin de semana, cuando vencía el plazo para cerrar la operación, se extendió la sensación de que la multinacional norteamericana no tenía intención alguna de vender las instalaciones al grupo de Sanjeev Gupta, algo de lo que se venían quejando desde tiempo atrás los propios trabajadores del complejo industrial.
En un comunicado conjunto, Xunta y Ministerio de Industria dejaron clara su opinión poco después de mantener una reunión telemática con representantes de la multinacional. “Es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa. Entiendo que hay mala fe durante las negociaciones de venta. Los trabajadores tienen el apoyo de las administraciones y seguiremos trabajando para lograr un acuerdo que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo. Se abre otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas”, dijo el secretario general de Industria, Raül Blanco.
La intervención, las ayudas y los líos fiscales de Alcoa
Aunque el Ministerio de Industria solo aclaró que en los próximos días se analizarán dichas medidas con el objetivo de que no se pare la planta “en ningún caso”, las fuentes consultadas apuntan al terreno laboral y a los impuestos como las materias que están sobre la mesa del Gobierno. La intervención de la planta que piden los trabajadores no es legalmente sencilla y la devolución de las ayudas entregadas a la multinacional es poco significativa, toda vez que las primas de interrumpibilidad, el grueso de los incentivos recibidos por Alcoa, no llevaban aparejado ningún requisito de cumplimiento más que la prestación del propio servicio.
En el ámbito fiscal, sin embargo, sí que arrastra problemas la compañía desde hace años. De hecho, Alcoa lidió con una reclamación de 240 millones por el Impuesto de Sociedades que logró rebajar por debajo de los 50 millones en los tribunales. Correspondía el litigo a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2009, ya que en el trienio posterior, entre 2010 y 2013, llegó a un acuerdo con Hacienda para la regularización del tributo, según explicó la propia Alcoa en sus comunicados al supervisor estadounidense.
Una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de noviembre de 2014, consideraba que la compañía creó una estructura societaria “artificiosa” en España alrededor del holding Alcoa Inversiones con el objetivo de ahorrarse hasta un 35% en impuestos. Aunque nunca estuvo en litigo que la multinacional cometiera un delito, las discrepancias en la interpretación de la normativa tributaria respecto a la liquidación del impuesto hacía que cada inspección provocase una nueva reclamación fiscal. Fue así hasta agosto de 2017, cuando se alcanzó un acuerdo con las autoridades fiscales para el pago del Impuesto de Sociedades.
La Xunta, más comedida en sus declaraciones, tampoco vio razonable la actitud de Alcoa en las negociaciones. “Galicia y la comarca de A Mariña de Lugo no se merecen este trato por parte de la empresa”, dijo el conselleiro Francisco Conde, tras pedir a la multinacional que reconsidere su posición.
Alcoa rechaza alargar las negociaciones del ERE, como le pidió la Xunta
El Gobierno gallego remitió una petición formal a la compañía para que alargase el periodo de consultas del ERE que vencía en la reunión con los trabajadores de este lunes. Tampoco hizo caso Alcoa, que pasadas las doce de la noche comunicó que se cerraba la mesa del ERE sin acuerdo y que a partir de ahora tenía 15 días, el plazo legal establecido por la normativa, para tomar una decisión sobre el futuro de la planta y de los trabajadores.
La multinacional norteamericana se defiende alegando que actuó “de buena fe” en el “largo” proceso de venta con GFG Alliance (Liberty) y que hizo una oferta “equilibrada”, además de varias “concesiones” para alcanzar un acuerdo.
“No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores. La refinería de alúmina de San Ciprián no se incluyó en proceso de consulta ni en el de venta”, dice la compañía de Álvaro Dorado en alusión a la petición de Liberty y del Gobierno de tener derechos preferentes en una hipotética venta de la fábrica de alúmina.
“Alcoa agradece la predisposición del Gobierno a buscar alternativas ante la falta de progreso por parte de GFG Alliance (…), pero sus propuestas también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería”, remachó la compañía.
