Guerra entre Xunta y concesionaria del Cunqueiro en plena pandemia
La concesionaria del hospital de Vigo acumula 13 contenciosos contra la Xunta, con vistas programadas en plena crisis del coronavirus
Hasta 13 litigios mantienen abiertos la Xunta y la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el centro con el que Feijóo inauguró un nuevo modelo de colaboración público-privada en la sanidad gallega, entregando la gestión de los servicios no clínicos al consorcio de empresas constructoras.
Las discrepancias en torno a la interpretación del acuerdo concesional en diversos ámbitos, desde los menús de la cafetería hasta el mobiliario del hospital, pasando por el canon anual que debe pagar el Gobierno gallego a la concesionaria, han desencadenado una marea de recursos administrativos y procesos judiciales. Algunos de ellos tenían vistas programadas en marzo y junio, es decir, en lo peor de la crisis del coronavirus y en la desescalada.
La Xunta paga a las empresas unos 60 millones al año
El grupo de empresas del Álvaro Cunqueiro está liderado por Acciona, que controla el 43,3% del capital de Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo. Le acompañan Puentes y Calzadas, con un 23,3% del capital de la concesionaria; Veolia, con un 16,6%; y el fondo River Rock, que adquirió el 16.6% que estaba en manos de Concessia, una sociedad propiedad Bankia, BBVA, Sabadell, Caixabank, Kutxabank e Ibercaja.
Los socios se encargan de servicios como restauración, lavandería, mantenimiento, gestión energética o seguridad, entre otras tareas no clínicas. Perciben en torno a los 60 millones anuales de la Xunta. Adicionalmente, explotan la cafetería, el aparcamiento, las máquinas de vending, la guardería y otras explotaciones comerciales a través de una filial, Sociedade Operadora Novo Hospital de Vigo.
Múltiples batallas
En esta operativa, sin embargo, han surgido múltiples desavenencias, que Xunta y concesionaria arrastran desde hace años hasta acumular más de una decena de litigios. Uno de ellos atañe al equilibrio económico-financiero de la concesionaria, que pidió un incremento del canon anual para compensar los costes de financiación adicionales en los que incurrió para construir el hospital. En 2018 ya consiguió un incremento de 237.214 euros al año, pero presentó un recurso de apelación al entender que el aumento debería ser mayor. Este último recurso estaba sin resolverse a finales de marzo, cuando la empresa aprobó sus cuentas anuales.
Para el 30 de ese mismo mes, cuando el Covid-19 mantenía a Galicia confinada, estaba programada una vista por una reclamación de la concesionaria sobre los costes de la puesta en marcha del hospital antes de que la Xunta abonara la primera mensualidad del canon. Visto para sentencia quedó otro proceso en el que el Sergas reclama a las empresas la modificación del Sistema Informático de Gestión de Indicencias (SIGI).
El 8 de junio estaba previsto otro juicio por una reclamación de la concesionaria para que la Xunta compense una bajada de tarifas realizada a solicitud del Gobierno gallego en diciembre de 2015. También piden las constructoras por la vía del contencioso administrativo una compensación por poner a disposición del personal del Sergas del aparcamiento situado en el llamado “bloque técnico”. La vista iba a celebrarse el 30 de marzo.
La comida, otra batalla en el Álvaro Cunqueiro
El Sergas y la concesionaria se pelean hasta por la comida. De hecho, ha sido motivo de cuatro litigios. Tres de ellos están relacionados con una reducción en el volumen del servicio de restauración en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. La Xunta se basa en una caída del 15% en el número de menús del servicio para aplicar una minoración en el pago anual a la concesionaria, que ha llevado esta reducción a los tribunales.
El cuarto contencioso ya finalizó su recorrido judicial. Las empresas lograron anular una sanción que les puso el Gobierno gallego por los precios de los menús que sirven en la cafetería del hospital.
En los trece litigios pendientes, además de las discrepancias respecto a los pagos que debe o no abonar la Xunta, también se muestran divergencias sobre el alcance de los servicios que debe prestar la concesionaria. Por ejemplo, en el caso del mantenimiento de camas, tarea que llegó también a los tribunales al atribuirle el Sergas a la concesionaria este servicio en los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, cuando la empresa considera que solo debe hacerlo en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
