Greenalia pone números al frenazo en la tramitación de sus parques eólicos
La compañía revela en sus cuentas anuales que las declaraciones de impacto ambiental desfavorables a sus nuevos parques eólicos supusieron un golpe de 20 millones antes de su choque con el TSXG
Manuel García Pardo, primer accionista y CEO de Greenalia
Greenalia cerró 2022 con récord de ventas y de beneficios en la antesala de su gran despegue al calor del boom de energías renovables a través de la eólica terrestre y marina y la fotovoltaica. La compañía coruñesa dobló su facturación el año pasado y se situó a un paso de la barrera de los 100 millones tras pasar de los 43,1 millones de euros cosechados en 2021 a los 95,1 millones de euros en 2022.
La compañía rentabilizó la puesta en marcha de tres nuevos parques eólicos (Monte Tourado, Alto da Croa I y Alto da Croa II, de 28,1 megavatios de potencia) y el ritmo de crucero en su planta de biomasa de Curtis para dar este empujón a su cuenta de resultados. Con casi 125 megavatios ya operativos y otros 1.189 en construcción, la compañía tramita una nueva avalancha de megavatios para reforzar sus poderes en la eólica terrestre y, además, desembarcar en la fotovoltaica y la eólica marina.
La ‘huella’ de las declaraciones desfavorables
Sin embargo este proceso se ha encontrado sus particulares baches en el camino. Y es que Greenalia, al igual que el resto de promotoras energéticas, ha vivido una contrarreloj para obtener una declaración de impacto ambiental favorable para aquellas instalaciones para las que ya contaba con permisos de conexión a la red. La compañía logró luz verde de la Xunta entre finales de 2022 y el pasado mes de enero a la declaración de impacto ambiental de ocho parques de 197,5 megavatios de potencia total, pero recibió la negativa en otros diez.
La propia Greenalia recogía en sus cuentas del 2022 la huella que dejan estas declaraciones de impacto ambiental desfavorable. En concreto, la firma que capitanean Manuel García Pardo y José María Castellano disparó el año pasado sus pérdidas en el epígrafe de «enajenaciones y deterioros del inmovilizado». Esta pasó de los 475.000 euros registrados en 2021 a los 20,3 millones de 2022.
«Se corresponde fundamentalmente con el registro de la perdida definitiva del coste de determinados proyectos eólicos y solares en desarrollo del grupo como consecuencia del incumplimiento de normativa medioambiental que ha provocado la obtención declaraciones de impacto ambiental (DIA) desfavorables«, revela la firma.
El TSXG entra en escena
Pero además de las declaraciones de impacto ambiental desfavorables, la compañía tiene ahora mismo otro frente abierto. Y es que incluso algunos parques eólicos que recibieron luz verde por parte de la Xunta se han topado con la oposición de los tribunales. Es el caso de lo ocurrido en el parque eólico Bustelo, ubicado entre los concellos de Coristanco y Carballo.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la autorización de la Xunta de Galicia a Greenalia para desarrollar el parque eólico al considerar que se estaba produciendo una “fragmentación indebida”. Se trata de la misma justificación que el TSXG dio cuando realizó idéntico movimiento con el parque eólico Campelo.
Greenalia, que ya había invertido 7 de los 35 millones de euros que presupuestaba para el parque eólico Bustelo, ha alertado de la «inseguridad jurídica» generada por el TSXG como consecuencia de estas decisiones. A su juicio, estas anulaciones de declaraciones de impacto ambiental favorables comprometen el futuro de las empresas del sector así como los contratos de PPA con la gran industria gallega (Greenalia selló este tipo de acuerdos con Alcoa y Resonac).
“Una situación que está teniendo, entre otras implicaciones, impacto en la ejecución de los PPAs firmados con las industrias, en los compromisos con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y también sobre la propia viabilidad económica de las empresas del sector. Hay que recordar que, en cada proyecto, hay una larga cadena de suministro (empresas de servicios, de obra civil, ingenierías, consultoras y un largo etcétera) que afrontan importantes pérdidas por las paralizaciones. Todo ello repercute, así mismo, de forma importante en el empleo generado por estas actividades”, denunciaba Greenalia.
Según recordaba la compañía, estas sentencias no están amparadas por «ningún precedente del Tribunal Supremo” y se fundamentan en «las meras sospechas de daño ambiental de proyectos que han sido sometidos, durante meses e incluso años, a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental».
En este sentido, la firma añadía que esta «particular doctrina del TSXG resultaría contraria con la literalidad» de un artículo de la ley de evaluación ambiental, que dispone que la solicitud de informes sectoriales a las administraciones «se hará simultáneamente al trámite de información pública«.
