Goldman Sachs ganó con irregularidades los pisos públicos de Madrid

La reciente comparecencia ante el juez de los miembros de la mesa de contratación que valoraron el expediente por el que, en octubre de 2013, acabaron en manos del fondo Goldman Sachs 2.935 pisos públicos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha servido para certificar la existencia de irregularidades.

Carolina Almagro –letrada de la Comunidad de Madrid en la mesa y letrada jefe, antes del Ivima, y ahora de la Agencia de Vivienda Social– ha declarado que emitió un voto desfavorable al saber que, finalmente, la empresa que escrituró la venta fue Encasa Cibeles –el vehículo utilizado por el fondo Goldman Sachs–, y no Azora Gestión, la sociedad dirigida por Concha Osácar y Fernando Gumuzio que había resultado adjudicataria del concurso.

«Lo hizo a posteriori, ya cuando no había nada que hacer y para cubrirse las espaldas, al darse cuenta de que al final la transmisión fue escriturada por una sociedad diferente a la que había ganado el concurso», ha comentado Raúl Maíllo, uno de los abogados de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que ejerce de acusación particular.

Sin constancia de la sociedad vehicular

Aunque Ana Gomendio –la gerente del Ivima que, como presidenta del órgano de contratación, adjudicó la venta– testificara ante el juez, el pasado mes de septiembre, que la oferta de Azora incluía la participación de Encasa Cibeles como sociedad vehicular en la operación, lo cierto es que ni la letrada de la Comunidad ni tampoco Alicia Jiménez ni Raúl Cepedano, como miembros de la mesa, tuvieron constancia de este extremo en la documentación recibida.

Tras testificar los miembros de la mesa, compareció ante el juez, en calidad de investigado (antes imputado), Juan Van-Halen, que participó en el proceso inicial de la contratación como gerente del Ivima hasta su nombramiento, en abril de 2013, como viceconsejero de Empleo en el gobierno presidido por Ignacio González.

Gomendio y Van-Halen escurren el bulto

Van-Halen siguió una estrategia similar de defensa a la que Gomendio, su predecesora al frente del Ivima, utilizara el pasado mes de septiembre. Esta vino a decir, ante el juez, que se limitó a dar el visto bueno a un expediente que ya estaba prácticamente tramitado.

Y Van-Halen, en esa misma línea, que la decisión de vender los pisos la tomó el Consejo de Gobierno presidido por González, en el que se sentaba su superior jerárquico, el entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero, hoy concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Y que se hizo para compensar los 100 millones de recortes presupuestarios acometidos en 2013.

Supuestas consultas a varios asesores

También sostuvo que la opción de vender en bloque las 32 promociones de vivienda –en lugar de hacerlo por separado para obtener más dinero de los 201 millones logrados– se realizó tras consultar a varios asesores. Un extremo que pusieron en duda los abogados de la acusación particular al no aportar Van-Halen ningún documento que acreditara dichas consultas.

Además del proceso penal que se sigue en el juzgado 48 para determinar la presunta malversación de caudales públicos, hay en marcha cinco recursos contenciosos administrativos, tres colectivos y dos individuales. 

En cada uno de los procedimientos obra en poder de los respectivos jueces el Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del Ivima y los controles realizados por las instituciones competentes, de los ejercicios 2012 y 2013, que fue aprobado el 6 de noviembre de 2015 por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Informes solicitados por el fiscal

En su estrategia de defensa, los abogados de la acusación particular, además de deslindar el uso de la sociedad vehicular, buscan determinar las razones por las que no se realizó un informe que acredite la idoneidad y adecuación de la contratación, ni tampoco se dio trámite de audiencia a los arrendatarios como interesados, a pesar de tener un interés legítimo.

A partir de ahora, los letrados de la defensa creen que se abre un compás de espera mientras llega al juzgado la nueva tasación de inmuebles por parte de un arquitecto designado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitada por el fiscal Carlos García-Berro.

También falta el nuevo informe que debe evacuar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de cara a determinar las posibles relaciones económicas entre Bussola 99 –la sicav del consejero Pablo Cavero–, Azora y Goldman Sachs, al considerar insuficiente la respuesta recibida por parte de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria.