Globalvia hace números: la guerra por la AP-9 se alargará tres años
El equipo jurídico de Globalvía prevé que los tribunales no se pronuncien antes de 2022 sobre su conflicto con Corsair por la compra de Itínere
La pugna por tomar el control de Itínere, la dueña de la AP-9 seguirá atascada en los tribunales durante, por lo menos, “tres o cuatro años”. Son los plazos que maneja el equipo jurídico de Globalvia. La compañía, pese a que en octubre alcanzó un acuerdo para hacerse con el 23,8% de las acciones de la matriz de Audasa en manos de Abanca y con el 16,3% que ostentaba Kutxabank, aguarda por los resultados de media docena de juicios y arbitrajes que le permitan tomar el control total de la dueña de la AP-9.
Uno de los ejes centrales de la disputa es Sacyr. La firma, propietaria del 15,5% de Itínere, alcanzó un compromiso de venta con Globalvia el pasado verano. Este acuerdo, sumado al de Kutxabank y Abanca, le permitiría hacerse con un 55,5% de las acciones de la dueña de la AP-9. Sin embargo, apenas unos meses después la constructora española decidió dar marcha atrás y acordó la venta de su participación a Corsair. Con este movimiento, el escenario daría un giro de 180 grados. Y es que Globalvia, con solo el 40,1% de Abanca y Kutxabank asegurado, se vería superado en el accionariado de la compañía por Corsair. Con la ayuda de Sacyr, este fondo pasaría de controlar -en alianza con la holandesa APG– el 38% del capital al 53,5%, haciéndose con la mayoría.
Indemnizaciones de 100 millones
Ante esta situación, Globalvia decidió emprender una batalla en los tribunales contra Sacyr. Además de solicitar la cautelar para evitar que la constructora venda su participación mientras no se resuelva la situación judicial, la firma le exige 100 millones de euros en indemnizaciones por no haber respetado su acuerdo inicial de venta. Frente a este argumento se encuentra el de Sacyr, que defiende su libertad para vender ante la mejor oferta, y el de Corsair, que se ampara en un acuerdo de hace diez años. En él, se le otorga un derecho preferente en el caso de que se active la venta de algún paquete minoritario, como el de la constructora.
Pero esta no es la única causa judicial abierta. Globalvia también decidió llevar a los tribunales a la junta de accionistas de Itínere, que en su asamblea de noviembre no reconoció su participación del 40% y privó a la gestora de infraestructuras de nombrar a tres consejeros. Estos procesos judiciales, además de demorarse en el tiempo, provocarán un efecto arrastre sobre los arbitrajes que también están abiertos. Estos últimos “suelen ser más ágiles y rápidos”, según fuentes conocedoras del proceso, pero en este caso sus plazos se dilatarán más de lo previsto. “Hay cuestiones entrelazadas que no se pueden resolver hasta que la Justicia no se pronuncie en los demás pleitos”, recalcan.
¿El ‘rey’ de las autopistas gallegas?
De cómo se resuelva la batalla judicial dependerá que Globalvia se convierta en el rey de las autopistas gallegas. Hasta ahora tenía el control de la AP-53 al contar con el 61,39% de las acciones de una infraestructura que gestionará hasta 2074 y que une Santiago de Compostela con Dozón. Según sus datos, 5.813 vehículos circulan por ella cada día.
Pero el espaldarazo definitivo en la comunidad lo recibiría con Itínere. Con ella integraría el 18,3% de Itínere en la AP-53 y cogería las riendas de la AG-55 (A Coruña-Vimianzo), la AG-57 (Puxeiros-Baiona) y, sobre todo, la AP-9, que vertebra la comunidad de norte a sur. Solo esta última, gestionada por Audasa, aportó el año pasado 140,7 de los 274,5 millones de euros del grupo Itínere, del que no se conocerá su nuevo dueño hasta, como mínimo 2022.
