Las prejubilaciones millonarias, el caso Alfageme y también el caso Rivas-Vaciamadrid. La antigua cúpula de Caixanova se sentará de nuevo en el banquillo por las operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares realizadas en la localidad madrileña y que habrían provocado, según la investigación, un agujero patrimonial de 41,8 millones en la caja, beneficiando a la constructora gallega Copasa en la misma cuantía.
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea –en funciones de sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 3– ha abierto juicio oral contra el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y contra los exdirectivos Gregorio Gorriarán Laza, José Luis Pego Alonso y Domingo González Mera. Les imputa un delito de societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social.
Fianza de 68,3 millones
La resolución, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Abanca, da un plazo de diez días a las defensas para formalizar sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal para el enjuiciamiento de los hechos. La Audiencia Nacional ya condenó anteriormente a Gayoso, Pego y Gorriarán por el caso de las indemnizaciones millonarias por el que acabaron en prisión.
El auto de apertura de juicio oral requiere a los acusados para que en el plazo de 24 horas presten, de forma directa y solidaria, una fianza de responsabilidad civil de 68.355.712 euros a fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudiera imponérseles.
El procesamiento de los responsables por esta pieza fue acordado el pasado mes de agosto por la ahora magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela.
Operaciones inmobiliarias investigadas
En este procedimiento se examinan si la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova resultaron perjudicadas patrimonialmente por una cuantía de 41.853.839, de los que se habría beneficiado la constructora Copasa.
En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo un proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni «distinguir el valor entre las fincas».
Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromisos de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.
El FROB alertó sobre esta operación a Anticorrupción
Además de analizar todas las operativas, la juez recordaba en su auto de procesamiento que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, del grupo de Copasa.
La querella por estos hechos fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
