Frinsa y Macán: estupor de las empresas ante las alertas sanitarias
Tanto la conservera de Ribeira, distribuidora de marca blanca, como la láctea de Lugo cuestionaron la alerta y lamentaron el daño a su reputación
En menos de seis meses, dos alertas sanitarias han golpeado a empresas gallegas. La primera la comunicó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria el 30 de agosto, para advertir sobre la intoxicación por toxina botulímica de cuatro personas que habían ingerido una conserva de atún en aceite de girasol elaborado por Frinsa, la conservera de Ribeira. La empresa gallega, fundada por Ramiro Carregal, es uno de los grandes proveedores de marca blanca para distribución y, en este caso, la lata de atún se había comercializado a través de DIA.
La segunda fue hace una semana, el 11 de febrero, cuando la Aesan alertaba de que las autoridades sanitarias no podían garantizar la seguridad de los productos de Casa Macan al detectar “graves incumplimientos” en los procesos productivos y procedía a retirar de la comercialización la manteca cocida de vaca, el queso Arzúa Ulloa, el queso de Tetilla, el queso gallego en lonchas y el queso de barra de la empresa lucense.
En ambos casos la alerta partió de una notificación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas –Castilla y León, por la lata de atún, y Galicia por los productos lácteos– a través del llamado Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Esta red gestiona y coordina las incidencias en salud alimentaria en España y está integrada con el resto de sistemas de alerta rápida de la Unión Europea e internacionales.
Las empresas cuestionan a Aesan
Las empresas reaccionaron con quejas ante la alarma generada por Aesan y lamentaron el daño que provocaba sobre su reputación. Frinsa, con más de 500 millones de facturación pero parca en palabras, proclamó en esa ocasión su desacuerdo con los métodos utilizados y con la alerta lanzada por Aesan. Alegaba que de todo un lote solo se habían detectado problemas con una lata y que esta no se había analizado correctamente, pues llevaba varios días abierta y se consumió tras el contacto con otros alimentos.
La conservera coruñesa cuestionó el criterio de las autoridades sanitarias a la hora de lanzar la alerta, generar una alarma que consideraron injustificada y deteriorar la imagen de la empresa.
Casa Macán: «No entiendo este alboroto»
El difícil equilibrio entre el exceso de celo que deben mantener las autoridades para evitar una intoxicación masiva y el impacto que causa la alerta en la reputación de las empresas afectadas también afloró en Casa Macán. Eladio Rigueira, el dueño de la empresa con planta en Taboada (Lugo), dijo sentirse “sorprendido” por el “show” organizado por la alerta de Aesan.
Rigueira insistió en que no había “ningún producto contaminado”, por lo que no entendía que se decretase la alerta, dejando la imagen de marca de Macán “muy deteriorada”. “No creo que seamos capaces de coger impulso otra vez”, declaró a EFE el responsable de una empresa que fue proveedora de referencia de Mercadona, pero que acabó en concurso de acreedores tras dejar de producir para la cadena de Juan Roig y acabar en los tribunales con el que iba a ser su nuevo gran cliente, Capsa. Rigueira trataba de sacar a flote de nuevo la empresa cuando se produjo la alerta. Reconoció que la fábrica de Taboada estuvo “parada un par de días” por “problemas de etiquetado” y “deficiencias estructurales”. Sin embargo, insistió en que no entendía “este alboroto”.
El funcionamiento de Aesan
Aesan recibe cientos de notificaciones a través del SCIRI (686 expedientes que afectaron a territorio español en 2018), si bien no todos corresponden a alertas por productos alimenticios, ya que la SCIRI también percibe informaciones y avisos de otros tipos, por ejemplo, notificaciones de rechazos en frontera o información sobre productos con riesgo no grave que podrían comercializarse en otro país de la UE.
En 2018, último ejercicio en el que publicó la memoria de alertas Aesan, la agencia recibió 251 notificaciones de alerta, tanto por productos españoles como procedentes de otros territorios. En el caso de los españoles, los originarios de Cataluña (23), Galicia (21) y Murcia (16) fueron los más denunciados. En cuanto a los países foráneos, China (17) y La India (5) encabezaron el ranking.
