Frinsa, rey gallego de la marca blanca, dobla el pulso a Hacienda
La conservera de Ramiro Carregal llevó a la Agencia Tributaria ante la Audiencia Nacional, y luego pidió el archivo de la causa al lograr sus pretensiones
Ramiro Carregal ha tenido sus más y sus menos con Hacienda. El rey de la marca blanca y fundador de de uno de los grandes grupos conserveros gallegos llevó a sus últimas consecuencias sus diferencias con el fisco. Hasta la Audiencia Nacional ha llegado el presidente de Frinsa del Noroeste.
La tercera conservera gallega por volumen de ventas presentó en abril del año pasado un recurso contencioso administrativo contra varias resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, dependiente de Hacienda. El órdago debió funcionar porque mientras se tramitaba el recurso en la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, la compañía logró resolver sus diferencias con el fisco por la vía extrajudicial, y a decir por el fallo de la sala que ordena el archivo del proceso, el veterano Ramiro Carregal se salió con la suya.
El lío con Hacienda
Dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central comunicadas a Frinsa en marzo del año pasado, y relacionadas con el pago de impuestos y aranceles por importaciones de pescado que realizó la compañía, encendieron las alarmas del equipo jurídico de Carregal, que tardó menos de un mes en acudir a la Audiencia Nacional. A finales de noviembre, la Sala lo Contencioso optó por el archivo. Lo hizo a instancias de Frinsa, «al haberse reconocido extraprocesalmente en vía administrativa sus pretensiones», según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Economía Digital.
Frinsa, al contrario que otras conserveras, no suele enredarse en procesos judiciales. Porque tampoco suele enfrentarse a actas de inspección levantadas por el fisco. La compañía de Ribeira arrastraba un proceso que se remonta a 2010. A finales de ese año, recibió tres propuestas de liquidaciones provisionales como consecuencia de unas importaciones por las que la Administración Tributaria proponía una cuota, por cada una de ellas, de 184.118 euros por aranceles y 12.888 euros por IVA. A dichos importes habría que sumar los intereses correspondientes.
Blindaje del proveedor
Frinsa se defendió, según relata la propia compañía en sus memorias, debido a que, «en la medida en que la responsabilidad de los certificados de origen y la información que sirvió de base para su expedición por las autoridades correspondientes, fueron facilitados por el proveedor de la misma, éste firmó en enero de 2011 una cláusula de indemnidad a favor de Frinsa del Noroeste». El proveedor se hacía así cargo de todas las repercusiones económicas que se pudieran reclamar a Frinsa por parte de la Administración tributaria.
Como consecuencia de ello, Frinsa del Noroeste contabilizó en su día «un crédito y un ingreso de explotación por el importe aproximado al cierre del riesgo existente». Por este lío tributario, la conservera de Ribeira llegó a presentar un aval concedido por una entidad financiera ante la Agencia Tributaria por el importe de las reclamaciones. Y el camino posterior emprendido en la Audiencia Nacional vino a ser el mejor remedio para Ramiro Carregal.
