Fomento pone coto a los millonarios peajes en sombra de Audasa
El Consejo de Ministros 'pasa' de Audasa y deja en siete millones anuales la compensación por quitar peajes en Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala
El Ministerio de Fomento pasa de Audasa y mantiene sin cambios los pagos por los llamados peajes en sombra. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba dejar en siete millones de euros anuales los pagos que el Gobierno realiza a la dueña de la AP-9 por la gratuidad de los tramos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala.
El Consejo de Ministros mueve ficha después de que el Ministerio de Fomento volviese a hacer una interpretación del contrato de concesión del vial para calcular de nuevo la compensación por la supresión de estos peajes que no son pagados por los usuarios sino por los contribuyentes.
Audasa ya reclama casi nueve millones
El Gobierno mantiene sin cambios las cantidades respecto a las que venía abonando en estos ultimos años pese al litigio abierto con Audasa. La dueña de la AP-9 mantiene desde hace años un contencioso con Fomento (al que ya reclama casi nueve millones de euros) después de que el ministerio decidese recortar las compensaciones por estos dos tramos libres de peaje.
Y es que tanto la Xunta como el Gobierno central acordaron modificar en 2017 el convenio que mantenían desde 2006 con Audasa y por el cual la compañía se llegó a embolsar más de diez millones de euros anuales. Tanto la administración gallega como Fomento defendieron que estas cantidades que se abonaban por la supresión de los peajes suponían “un enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria” y redujeron esta compensación hasta casi la mitad.
Y es que estos pagos estuvieron en un primer momento vinculados al volumen de vehículos que transitaban por estos viales. Las compensaciones se establecieron tomando como referencia el tráfico que registraban cuando todavía eran de pago, de modo que una vez que las cifras repuntaron con fuerza al calor de la supresión de peajes, dispararon la factura que el Ministerio de Fomento debía abonar a la sociedad del grupo Itínere, lo que originó la revisión del contrato y el posterior tijeretazo para Audasa.
