Florentino Pérez ‘levanta’ casi ocho millones por los retrasos de Fomento en la autovía entre Lugo y Santiago

Los retrasos y paralizaciones que ha sufrido a lo largo de los años la autovía A-54, todavía en fase de construcción y que unirá Lugo con Santiago en unos 50 minutos, salen caros. Que se lo pregunten al Ministerio de Fomento, que tendrá que desembolsar un total de 7,7 millones de euros a Dragados, del Grupo ACS, en concepto sobrecostes por los retrasos en la realización del tramo Lavacolla-Arzúa Oeste, por causas ajenas al contratista. De hecho, la Audiencia Nacional reconoce en una reciente sentencia la reclamación por daños y perjuicios presentada por el grupo de Florentino Pérez.

La sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional da la razón a Dragados, que había recurrido la desestimación de la reclamación por sobrecostes en la ejecución de trabajos que había presentado ante Fomento, en concepto de daños y perjuicios sufridos en relación con las obras de la mencionada autovía. La sala admite parcialmente el recurso de la constructora y reconoce su derecho al abono de 7,7 millones, desestimando el resto de las pretensiones ejercitadas.

Reclamación de 8,7 millones

En su recurso, Dragados consideraba que los sobrecostes en la ejecución de trabajos ascendían a 8,7 millones, y esa era la cantidad que reclamaba en concepto de daños y perjuicios. La sala reconoce el derecho de Dragados al abono de 5,3 millones por costes indirectos de uno de los períodos de paralización reclamados, más unos gastos generales incurridos que cifra en 2,3 millones, conforme apuntaba la dirección de la obra.

Fomento había adjudicado en junio de 2009 a Dragados el contrato de la autovía Lugo-Santiago, correspondiente al tramo Lavacolla-Arzúa Oeste. El importe de la obra, unos 88,2 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 38 meses. Pronto comenzaron los retrasos, según recoge la sentencia como hechos probados. Y es que dos meses después se suspende el inicio de las obras ya que “no se habían abonado a los propietarios de fincas afectadas por expropiaciones y ocupaciones los depósitos previos e indemnizaciones correspondientes”. Y ahí comienza todo un carrusel de imprevistos y retrasos.

Sin disponibilidad presupuestaria

Para explicar los retrasos, a los constantes modificados se unió la necesidad, expresada por Fomento en varias ocasiones, de “adecuar el presupuesto del contrato a la disponibilidad presupuestaria” y se modifican las anualidades contempladas. Los “reajustes de anualidades” fueron una constante durante varios años, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia.

Las obras se iniciaron en diciembre de 2009, estableciéndose como plazo final el 4 de febrero de 2013. Ya en ese año se aprueba hasta un tercer reajuste de anualidades cambiando la nueva fecha de finalización al 31 de octubre de 2017. En noviembre del 16, otra nueva fecha de remate: octubre de 2018. Contra estos reajustes de Fomento, Dragados manifestó su disconformidad y apeló a los sobrecostes en los que incurriría.

Dos grandes suspensiones

En un informe técnico aportado por Dragados en el recurso se explica que “la ejecución de los trabajos se ha desarrollado extraordinariamente lenta, muy lejos del rendimiento esperado, lo que ha llevado a formalizar dos suspensiones temporales parciales”. La primera, entre julio de 2012 y mayo de 2013, y la segunda desde octubre de 2016, “si bien todo el periodo de ejecución desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2016 puede considerarse en situación de suspensión temporal parcial de facto”, argumentaba el grupo constructor. Dicho y hecho. ¿Resultado? Una indemnización de casi ocho millones por esos sobrecostes.