Florentino lidera el cártel que llenó de barracones los colegios españoles

Otra derivada de la crisis económica, la de la imposibilidad de las Administraciones Públicas de acometer equipamientos públicos comprometidos, especialmente colegios e institutos, por falta de presupuesto con los que llevarlos a cabo, ha sacado a la luz un negocio boyante, el de las construcciones modulares para cubrir las necesidades sociales de esos edificios que no pudieron construirse.

De lo más legal, pero del que algunas empresas se han aprovechado en exceso. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha impuesto una sanción de 9,3 millones de euros a siete empresas por fijar precios y repartirse los clientes de manera coordinada, con pactos previos para acudir a las licitaciones convocadas por operadores públicos y privados para la adjudicación de estancias temporales o permanentes para distintos servicios.

Aunque las prácticas anticompetitivas acreditadas por la CNMC «tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas Comunidades Autónomas, agrupadas en las llamadas zonas Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte», lo cierto es que, con posterioridad, se han seguido instalando de manera recurrente.

Aulas prefabricadas en 30 colegios públicos valencianos

Basta ver el inicio del presente curso escolar, y comprobar cómo, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, alumnos de una treintena de colegios públicos comenzaron las clases en aulas con módulos prefabricados, los conocidos popularmente como barracones.

Construcciones que inicialmente, hace años al principio de la crisis, se instalaron para que funcionaran de manera provisional, y que han acabado convirtiéndose en permanentes, en un problema crónico.

Cada año, los responsables educativos reiteran, al principio del curso, el objetivo de acabar con estos módulos, para ver cómo al curso siguiente, en muchos casos, no solo no se han sustituido por inmuebles de nueva construcción, sino que, incluso, se han aumentado.

Ampliar el nicho de mercado

Un nicho de mercado, el de los centros educativos u otras dependencias habilitadas en almacenes, hospitales, hoteles u otros alojamientos, que ha venido a ampliar el uso tradicional de estas instalaciones por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra.

A la vista del desglose de las sanciones, Dragados, la constructora integrada en el Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, ha recibido prácticamente la totalidad del importe de la sanción, con 8,56 de los 9,3 millones de euros, por ser la que, con diferencia,  tiene un mayor volumen de negocio, la variable que se tiene en cuenta para cuantificar el alcance de estas sanciones que vulneran las prácticas de competencia.

Los ‘chivatos’ premiados

De las otras seis empresas sancionadas, la CNMC, en aplicación de su Programa de Clemencia, ha eximido de la sanción a dos. Curiosamente, las dos que hubieran recibido mayores multas tras la impuesta a Dragados. A través de este programa, cualquier empresa o directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo.

A la madrileña Algeco Construcciones Modulares, la exención abarca a la totalidad de los casi 1,6 millones del importe de la sanción, por ser «la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones en relación con este cártel». Mientras que Competencia ha reducido en un 30% los casi 462.000 euros de multa impuestos a la navarra Alquibalat.

Numerosos cárteles

Los que no se han librado de la multa son las otras cuatro empresas. La vizcaína Arlan, a la que la multa le llega ya en pleno proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, la valenciana ABC Arquitectura Modular, que deberá pagar algo más de 144.000, la murciana Alquileres Barceló Sáez (Alquibarsa), sancionada con cerca de 44.000 euros, o la sevillana Renta de Maquinaria (Remsa), sociedad integrada en el grupo Calem.

El de las construcciones modulares es el último expediente sancionador que cierra Competencia en 2015, un año en el que ha tenido una actividad frenética. A finales de marzo impuso una multa de 3,2 millones a 10 concesionarios de Land Rover, objeto limitar la competencia entre los integrantes del cártel.

E hizo lo propio con 45 concesionarios de las marcas Toyota, Hyundai y Opel, así como una empresa de control de ventas, con multas que alcanzaron los 9 millones de euros. Competencia también multó con 41 millones a 95 concesionarias por el pacto ilegal de precios de venta de vehículos Volkswagen Audi y SEAT.