Ferroatlántica responde al comité de Cee con más alegaciones ante Augas de Galicia
Desde la empresa advierten de que si el fallo de la Xunta es en contra de la segregación, irán a los tribunales
Ferroglobe, el grupo en el que se integra Ferroatlántica, no está por la labor de poner las cosas fáciles a los trabajadores de Cee-Dumbría en su lucha por la segregación de las centrales. Si a principios de semana los miembros del comité presentaban ante Augas de Galicia las alegaciones en las que fundaban su petición de no modificar las condiciones de las concesiones hidroeléctricas del Xallas, ahora ha sido la empresa la que se ha dirigido al organismo autonómico para defender justamente lo contrario.
En rueda de prensa en Santiago, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC Luis Míguez Macho ha explicado que han tenido conocimiento «oficioso» de las alegaciones formuladas por el comité de empresa. En este sentido, insistió en la idea de que la situación “ha cambiado de manera radical” en los últimos 25 años, desde que se firmó la cláusula que impide la segregación de actividades, y que, al contrario de lo que defienden los trabajadores de A Costa da Morte, la empresa se reafirma en que el negocio de ferroaleaciones no necesita del hidroeléctrico para preservar su viabilidad.
Es más, Míguez asegura que «no existe hoy en día el mismo marco de rentabilidad y productividad empresarial» y «ha cambiado el marco legal» en la producción hidroeléctrica, por lo que a nivel retributivo no supone los mismos beneficios. «Por lo tanto, en estos momentos no subsisten ni las condiciones fácticas, ni las condiciones jurídicas que justificaron en su momento la vinculación entre las dos actividades», ha afirmado.
Miguez (USC) defiende que no subsisten las condiciones fácticas ni juridicas para vincular ferroaleaciones y centrales
En sus alegaciones de 11 páginas remitidas al director de Augas de Galicia, Ferroatlántica defiende que «los más de 250 millones que obtendría» de sus centrales hidroeléctricas «suponen más de 15 veces el volumen de inversión anual de la compañía en España». Por tal motivo, considera que «esa apuesta merece la pena» para dar lugar a más inversiones.
Respuesta de la Xunta
Respecto al plazo fijado por la Xunta para dar una resupuesta a la solicitud, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC remarca que el plazo que se establece por defecto en cuestiones administrativas es de tres meses, y «vence a mediados de agosto». «Por lo tanto, la Xunta, legalmente, no tiene por qué resolver ahora mismo», ha dejado claro Míguez, quien subraya que «no tiene por qué haber ninguna premura en resolver el expediente«.
Preguntado por las sentencias judiciales que avalan la imposibilidad de segregación, ha indicado que en su momento cuando se impuso la cláusula Ferroatlántica la impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rechazó el recurso de la empresa, pero asegura que fue «por motivos formales», luego ratificado por el Tribunal Supremo, de manera que estos fallos «no entraron a estudiar el fondo de la cuestión».
Cuestionado sobre si el hecho de anular la cláusula que impide la segregación debería implicar resolver una nueva concesión, Míguez Macho defiende que «esa cláusula impone una condición que se podría llamar accesoria», por lo que eliminarla «no afecta a lo que es el núcleo de la concesión» ni «implica que haya que volver a sacarla a concurso».
Peligra el empleo
Por su parte, el director de recursos humanos de Ferroglobe, José María Merino, aprovechó su intervención para destacar que la energía «ha dado unos resultados decrecientes» en los últimos años frente al aumento de las ferroaleaciones, por lo que los empleados de esas fábricas «no tienen por qué temer por sus puestos de trabajos». Sin embargo, asegura que el plan industrial de inversiones tiene como «condición sine qua non» que se permita la segregación y la venta de las centrales hidroeléctricas.
Por este motivo, en el caso de que no se produzca la venta de las centrales, Merino avisa de que «habría pérdida de empleo», así como de inversiones, con «un recorte de costes», «sin duda». Ese supuesto solo se produciría en caso de que la respuesta de la Xunta sea negativa. En caso de que así fuera, la directora de la asesoría jurídica de Ferroglobe, Clara Cerdán, ya dejó claro que «la empresa emprenderá todas las acciones legales que le amparan». «Sabemos que el ordenamiento jurídico nos asiste y no repararemos en solicitar justicia ante los tribunales en el orden contencioso-administrativo», advierte.
