El expresidente de Pescanova se sale con la suya en la Audiencia Nacional

Un premio de consolación. Una victoria pírrica. El expresidente de Pescanova, el controvertido Manuel Fernández de Sousa-Faro, ha visto rebajada una sanción impuesta por el Ministerio de Economía por haber ocultado el traspaso de hasta el 5% del capital de la multinacional a través de Madeira. No era la primera vez que Fernández de Sousa utilizaba la isla portuguesa, considerada poco menos que una plaza off shore, para apalancar acciones del grupo pesquero.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en una sentencia dictada a finales de marzo, ha optado por rebajar la calificación y el importe de la sanción impuesta al presidente de Pescanova. Donde el Ministerio de Economía veía una infracción muy grave prevista en la Ley del Mercado de Valores, los magistrados de la sala observan simplemente una actuación grave. Y, en consecuencia, la multa impuesta por Economía, que había sido en este caso de 150.000 euros, se ve rebajada hasta los 110.000 euros.

El recurso de Fernández de Sousa

La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto por Fernández de Sousa, en lo que supone la primera vez desde que estalló la crisis de Pescanova que el expresidente logra una victoria en los tribunales. 

En 2016, por similares motivos, el Supremo falló en contra de los intereses del expresidente de Pescanova y confirmó otra multa de 300.000 euros que le había impuesto en 2014 el Ministerio de Economía y Competitividad por una infracción muy grave consistente en incumplir, como consejero, sus deberes de «comunicación y difusión de participaciones significativas» en la compañía.  La sentencia se sumaba a otra de diciembre de 2015 en la que el Supremo ratificaba otra sanción, de 200.000, a Fernández de Sousa-Faro por difundir datos «inexactos» de la compañía en plena crisis empresarial, en marzo de 2013. 

La operación de Madeira

En esta ocasión, y a falta del recorrido que pueda tener en el Supremo, la sanción impuesta por el Ministerio de Economía, esta vez en enero de 2015, se ve rebajada por la Audiencia Nacional en el fondo y en la forma. Fernández de Sousa admitía en su recurso los hechos por los que se le había multado, pero apelaba a su prescripción y a la graduación de la sanción. 

Los hechos probados señalan que en entre enero y abril de 2009 Pescanova, a través de la firma Worshipful, constituida en Madeira y controlada por el presidente, adquirió acciones propias con derechos de voto por el 5,14% del capital. La operación no fue comunicada a la CNMV, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.

Lo que se avecina

Sin embargo, esta es solo una victoria simbólica.  Manuel Fernández Sousa-Faro se sentará en unos meses en la Audiencia Nacional, tras el final de la instrucción que lleva a cabo el Juzgado Central número cinco. Se le acusa de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior. Esa será la hora de Fernández de Sousa.