FCC y ACS reclamaron ante el juez por los sobrecostes en las obras del viaducto de la A-6 que se derrumbó
La UTE, que se adjudicó viaductos y túneles en el acceso de la A-6 a Galicia, ingresó 8,5 millones por revisiones de precios y llegó al Supremo para reclamar intereses de demora al Gobierno por los retrasos en pagar
GRAF3153. VEGA DE VALCARCE (LEÓN), 17/06/2022.- Vista este viernes del viaducto de la A-6, ubicado en el municipio leonés de Vega de Valcarce, en el límite entre León y Lugo, ayer sufrió un nuevo derrumbe después del que se registró el pasado 7 de junio, que afectó a un tramo de unos 50 metros. EFE/Ana Maria Fernández Barredo
FCC, la empresa de las hermanas Koplowitz que ahora controla el millonario mexicano Carlos Slim, y OCP Construcciones, la compañía que dirigía Florentino Pérez y que sería el germen de la actual ACS, fueron dos de las principales adjudicatarias del acceso a Galicia por la Autovía del Noroeste (A-6). La conexión por vía de alta velocidad entre A Coruña y Madrid fue desarrollada en su mayor parte por el Gobierno de Felipe González y finalizada por el equipo de José María Aznar, que se encargó de adjudicar la parte más compleja de las obras, precisamente, la entrada en territorio gallego por el puerto de Pedrafita.
La alianza entre las constructoras, formalizada en la UTE Piedrafita, se llevó un contrato de 91,6 millones para el desarrollo del tramo de ocho kilómetros Castro Lamas-Naceda, adjudicado por el Ministerio de Fomento de Arias Salgado. Allí levantó FCC el viaducto de O Castro que acaba de derrumbarse, uno de los enlaces clave de la carretera en su acceso a Galicia, al igual que los viaductos Ferreiras y Coto, también encargados a FCC por 11,1 millones. La UTE con OCP se ocupó de otras actuaciones relevantes, como los túneles de San Pedro y los de Pedrafita, en un proceso que Manuel Fraga consideró decisivo para «superar el tradicional aislamiento al que estaba sometida Galicia», según proclamaba el expresidente de la Xunta en el acto de apertura del último tramo.
No fue la festiva inauguración, sin embargo, el último coletazo de las obras sobre las que la ministra Raquel Sánchez ha puesto la lupa debido a la caída del viaducto. Los sobrecostes acabaron con las dos empresas y el Ministerio de Fomento en los tribunales por una reclamación que el tribunal Supremo terminó por desestimar siete años después de la apertura de los últimos tramos de la A-6 en 2002. FCC y ACS, que adquirió su actual denominación en medio de la construcción de la autovía, reclamaron durante años el pago de intereses de demora por retrasos en los pagos.
El Gobierno pagó 8,5 millones por revisiones de precios
Así lo pone de manifiesto un auto emitido por la Sala de lo Contencioso del Supremo en el que rechazaba el recurso planteado por las constructoras para reclamar el pago de 750.000 euros en concepto de intereses, achacando al Gobierno retrasos en el pago de las llamadas revisiones de precios, es decir, los pagos por encima de la cantidad prevista inicialmente debido a un aumento de costes significativo de la obra.
FCC y ACS no reclamaban estos sobrecostes porque ya los habían cobrado, sino que el Estado les abonase intereses de demora de 750.000 euros por pagárselos tarde, cuando el plazo fijado para el contrato del tramo de la A-6 establecía que se abonaban dos meses después de cada certificación de obra. La tentativa de las compañías naufragó, pues la Audiencia Nacional consideró que no habían acreditado la existencia de la deuda en los pagos parciales, motivo por el que no podían generarse intereses de demora, y el Supremo inadmitió su recurso de casación.
En cambio, el Gobierno sí que pagó sobrecostes a la UTE, una posibilidad que ya estaba prevista en los pliegos del contrato al estar sujeto a la revisión de precios. Según recoge la sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero de 2008, «la Administración procedió a abonar la revisión de precios, cuyo importe ascendió a 8,49 millones, con la liquidación aprobada del 29 de mayo del 2003». Es decir, Fomento incluyó en la liquidación final de las obras un pago adicional a FCC y ACS de 8,5 millones por el exceso de coste en el que habían incurrido.
