FCC, la constructora del viaducto caído, reclamó más de 18 millones a la Xunta por sus obras en el Gaiás
La compañía que controla Carlos Slim exigió en los tribunales el pago de sobrecostes, revisiones de precios, retrasos e incluso el coste de reparar la fachada del museo de la Cidade da Cultura por las piedras que se desprendieron tres años después de colocarlas
Obras en la Cidade da Cultura / EFE
FCC protagonizó una épica batalla judicial con la Xunta mucho antes de que el viaducto de O Castro de la A-6 se derrumbara y volviera a poner el foco sobre la constructora que controla Carlos Slim, adjudicataria de la obra. La compañía reclamó sobrecostes millonarios, revisiones de precios, retrasos y hasta la reparación de la fachada del Museo Centro Gaiás, cuyos revestimientos de cuarcita comenzaron a desprenderse a los tres años de inaugurarse el complejo. Los procesos judiciales que hubo de afrontar la Fundación Cidade da Cultura, la institución que creó Manuel Fraga para levantar el recinto, pusieron en juego una factura de 18 millones de euros para las arcas públicas.
FCC, que por el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la caída del viaducto de la A-6, fue contundente entonces en sus demandas y tuvo éxito en alguna de ellas, arañando tres millones en sobrecostes –2,5 millones más intereses–. Sin embargo, sus exigencias, estructuradas en al menos tres litigios, iban mucho más allá, pretendiendo elevar significativamente los 48,2 millones por los que se adjudicó la obra.
Más de nueve millones por revisiones de precios
La primera de las reclamaciones y la más elevada fue la revisión de precios, que no estaba contemplada en el contrato. La constructora, que se encargó solamente del edificio del museo, señalaba que la cláusula del pliego que negaba la posibilidad de revisar los precios –el mecanismo por el que se compensa, por ejemplo, el encarecimiento del material, ahora muy vigente por la inflación– era nula y que la Xunta debía abonarle 9,3 millones por este concepto.
El abogado del Gobierno gallego expresó su estupor ante un recurso contra el pliego 13 años después de su publicación, y que llegaba además cuando FCC había ganado el concurso y ejecutado la obra. «La actuación de la recurrente supone un fraude al procedimiento de contratación en detrimento de los restantes licitadores, ya que el contrato se licitó por 56,5 millones y la recurrente presentó una oferta de 48,3 millones, por lo que no resulta admisible que realice una oferta tan baja para resultar adjudicataria y después se reserve un incremento superior al 20% para compensar dicha oferta», se quejaba en su escrito de oposición.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentencia de mayo de 2019, rechazó los argumentos de la compañía invocando la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la nulidad de la cláusula. «Estamos en presencia de un contrato millonario de obra pública suscrito por una sociedad profesional que, conviene adelantarlo, concurrió libremente a la oferta junto con otras 11 empresas y obtuvo el contrato para el que, también conviene advertirlo, ofertó un precio inferior al que servía de base para la licitación. Por lo que no parece muy defendible que admitiendo, sin cuestionarla, la exclusión de la revisión de los precios, una vez realizada y, entendemos, liquidada la obra, promueva una revisión que el pliego y el contrato excluían», razonaba la Sala de lo Contencioso.
FCC consigue cobrar sobrecostes
Más fortuna tuvo FCC en su demanda de sobrecostes, un procedimiento que zanjó el Tribunal Supremo también en 2019, unos meses después de que la compañía perdiera el litigio por las revisiones de precios. El grupo de las hermanas Koplowitz pidió en el mismo litigio una liquidación final de las obras de 3,76 millones y unos sobrecostes de 3,21 millones, es decir, casi siete millones más.
La demanda orbitaba en torno a los sobrecostes en varias actuaciones que acabaron reconociendo parcialmente los tribunales, como 679.000 euros adicionales correspondientes a la estructura metálica; 511.000 de sobrecostes en un muro cortina; 261.000 en trabajos de desarrollo asumidos por el contratista, 885.000 por recontratataciones en las instalaciones; y algo más de 200.000 euros por recontratar la colocación de piedra en las fachadas.
De los 7 millones que reclamaba, FCC se llevo 1,8 millones por la liquidación de obra y 2,5 millones por sobrecostes, añadiendo a cada factura los intereses de demora.
La pifia de la cuarcita
En la batería de demandas de la compañía hubo otra que se resolvió en enero de este mismo año y en la que FCC exigía a la Fundación Cidade da Cultura 2 millones de euros por la revisión e instalación del nuevo sistema de sujeción de piedras en la fachada del museo, a razón de 1,7 millones por los trabajos y 370.000 euros de IVA. La cuestión de fondo en este caso radicaba en la responsabilidad sobre el desprendimiento de la cuarcita que reviste los edificios del Gaiás y cuyo desencaje obligó a revisar las fachadas, incluyendo el museo que se adjudicó FCC.
La constructora alegaba que el problema de anclaje de la piedra radicaba en el proyecto de ejecución y que se había limitado, aunque a través de una subcontrata, a seguir las instrucciones de la administración promotora, en este caso, la Xunta. El Gobierno gallego, en cambio, atribuyó el problema a una mala ejecución de la contratista. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de FCC el pasado enero.
