FCC tumba a la Xunta y se lleva los sobrecostes millonarios del Gaiás
El Supremo desestima los recursos presentados por la Fundación Cidade da Cultura contra la sentencia que la obliga a pagar casi 3 millones a FCC
FCC, el gigante de la construcción ahora presidido por Carlos Slim, ha vuelto a ganar a la Xunta en el litigio que mantiene por los sobrecostes existentes en el proceso de edificación de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. El pasado 13 de noviembre, la sala de lo civil del Tribunal Supremo emitió un auto por el que inadmite los recursos presentados por la Fundación Cidade da Cultura (uno extraordinario por infracción procesal y otro de casación) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que obligaba a la Xunta a pagar 2,5 millones de euros más intereses por sobrecostes en la ejecución del complejo cultural. El auto declara firme dicha sentencia, que fue emitida el 29 de junio de 2017, e impone los costes del juicio a la parte recurrente.
En su memoria del año 2017, la Fundación Cidade da Cultura ya indicaba la probabilidad de que el Supremo desestimase los recursos, «debido a los escasos asuntos que se deliberan».
Conflicto desde 2012
El conflicto entre FCC y la Xunta de Galicia por causa de la construcción de la Ciudad de la Cultura viene de lejos. En tiempo de Manuel Fraga se le adjudicó la construcción del mayor edificio del complejo, el Museo de Galicia. La obra la entregó en 2012, después de varios modificados. Fue en ese momento cuando comenzó una negociación que tenía como objetivo determinar la liquidación final del contrato. Con tres de gobiernos autonómicos de por medio (el de Fraga, el de Touriño y el de Núñez Feijóo), en 2016, el juzgado de primera instancia número 3 de Santiago dictó sentencia por la que estimaba parcialmente una demanda de FCC contra la Fundación Cidade da Cultura y establecía la liquidación final de las obras en 1,8 millones de euros. No obstante, y tras el recurso de apelación de la constructora, el junio del año siguiente se hizo pública la sentencia por la que la Audiencia provincial reconocía sobrecostes y elevaba el pago, condenando a abonar 2,5 millones de euros más.
La sentencia de 2007 consideraba que existían numerosos sobrecostes a los que la Fundación Cidade da Cultura debía responder. De ese modo, además del importe de liquidación, de 1,8 millones de euros, se condenaba al organismo dependiente de la Xunta a aportar 679.000 euros correspondientes al sobrecoste de la estructura metálica, 511.000 de sobrecostes en un muro cortina, 261.000 en trabajos de desarrollo asumidos por el contratista, 885.000 por recontratataciones en las instalaciones y algo más de 200.000 euros por recontratar la colocación de piedra en las fachadas.
En sus conclusiones, la Audiencia provincial (ahora refrendada por el Supremo) reconocía que por causas ajenas a la constructora, “el plazo de ejecución de las obras se dilató considerablemente, hasta el extremo de que la fecha en la que el edificio tenía que estar terminado (según el contrato principal en febrero de 2008), se firmó el primer modificado en el que se prevé un plazo de ejecución de 22 meses”. “Es claro que el incremento de precios que ha tenido que soportar FCC por causas que no le son imputables, le ha producido un evidente perjuicio”, apuntaba la sentencia –ahora declarada firme– de 2017, que también indicaba que el proyecto “carecía de la necesaria definición, ya que no estaba suficientemente desarrollado”.
FCC reclamó mucho más en los juzgados
En aquel momento, la Fundación del Gaiás anunció su intención de recurrir ante el Supremo. Argumentaba que el pago de los sobrecostes quedaba ya incluido en los 1,8 millone de liquidación acordados en la primera sentencia. Lo cierto es que, aunque ahora el Supremo desestima los recursos presentados por el ente dependiente de la administración gallega, las reclamaciones de FCC eran mucho más cuantiosas. La compañía llegó a reclamar en el juzgado una revisión de precios de más de 9,3 millones de euros. El pasado mayo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó un recurso de apelación de la empresa presentado contra la sentencia de 2017 del contencioso-administrativo número 2 de Santiago sobre la revisión de precios.
