Nueva derrota judicial de los empresarios gallegos que acudieron al rescate de Novagalicia Banco y que pugnan por recuperar su inversión desde que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutó la operación acordeón que hizo desaparecer su capital. Como sucedió en febrero de este año con Gadisa, el grupo de la familia Tojeiro, el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación e infracción procesal presentados por siete empresas que, en conjunto, inyectaron en el naufragado banco 20 millones de euros.
Las empresas alegaban contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña, que el 3 de mayo de 2016 concluyó que no hubo dolo ni ocultación en el proceso de contratación dado que se trataba de inversores profesionales que entraban en un banco controlado por el FROB y, por tanto, en dificultades financieras.
Algunas de las más importantes empresas de Galicia
En esta tesitura se vieron Hijos de Rivera, la firma que produce y comercializa Estrella Galicia, que destinó 4 millones; el grupo ourensano Coren, que invirtió 300.000 euros; la constructora Copasa, que aportó 3 millones; Inversiones Subel, del expropietario de Azkar Luis Fernández Somoza, con una inyección de 5 millones; Río Breiro, del fundador de Jealsa Jesús Alonso, que invirtió 3 millones; Inversiones Gallegas del Cable, de Roberto Díaz Rincón, que puso otros 4 millones; y Concable Inversiones, de Juan Álvarez de Mon, con 500.000 euros invertidos.
Todos ellos acudieron al Supremo para intentar tumbar la desfavorable sentencia alegando seis motivos de casación y otros cuatro por infracción procesal. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en un auto del pasado 14 de noviembre, desestima uno tras otro los argumentos de las empresas hasta inadmitir el recurso y declarar firme la sentencia previa de la Audiencia Provincial.
Los argumentos contra el FROB
Hijos de Rivera, Copasa, Coren o Subel, en definitiva, una parte de las mayores empresas de Galicia, argumentaban que se valoró incorrectamente una de las pruebas documentales respecto al conocimiento de los inversores de las necesidades de un ajuste contable en Novagalicia. También incidieron en el conocimiento que, a diferencia de las empresas, tenía el FROB del borrador del Real Decreto Ley 2/2012, nada menos que el paquete de medidas –uno de ellos– que activó Luis de Guindos para el saneamiento bancario y que exigió una fuerte dotación de provisiones a las entidades financieras.
También se quejaban las empresas de “dolo omisivo”, entendiendo que el FROB y Novagalicia, entonces con José María Castellano al frente, habían ocultado información y, en esta misma línea, “que la información precontractual sobre la situación patrimonial y económica del banco no fue la adecuada lo que en definitiva provocó la existencia de error en el consentimiento”.
Los millones de Añón, Inveravante, Metalships…
Ninguno de los motivos fue admitido por la Sala, que mantuvo la tesis de la Audiencia Provincial en torno a la idea central de que se trataba de inversores expertos asumiendo el riesgo de entrar en una entidad financiera con conocidos problemas contables, de los que además se informaba diariamente a través de los medios de comunicación o por boca del propio Gobierno.
Estas empresas, al igual que Gadisa, Inveravante, Hierros Añón o Metalships, entraron en Novagalicia cuando ya estaba controlada por el FROB en un movimiento para capitalizarla y tratar de mantener la actividad en solitario. Obviamente, eran también inversores convencidos por José María Castellano y empujados por la confianza que otorgaba que un fondo público estuviera al frente de la entidad. Una veintena de empresas –en algunos casos sociedades inversoras de empresarios, como el caso de Subel– inyectaron en Novagalicia cerca de 70 millones. Poco después, el FROB rescató y nacionalizó el banco aplicando una operación acordeón que redujo a cero la inversión. Todos recurrieron contra la maniobra del fondo de rescate y, por el momento, todos están perdiendo en los tribunales.
