Esteban Roig, el liquidador: desde Toypes a la cárcel

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional y sin fianza del empresario catalán Esteban Roig Padrosa. La Guardia Civil detuvo el martes pasado al hombre que llevó a la liquidación a Toypes, la popular firma textil de Lalín. Se le investiga por liderar una presunta estafa eléctrica por un importe de 94 millones de euros. Entre los afectados están compañías generadoras, distribuidoras y la Agencia Tributaria.

El método que utilizaba era tan simple como lucrativo: constituía empresas comercializadoras de electricidad, que facturaban a los clientes pero que no pagaban a los proveedores. Ha utilizado este mismo sistema en muchos otros sectores desde hace más de una década.

Roig Padrosa aparece en multitud de procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha impedido que pilotara desde sus despachos del Paseo de Gracia y la Diagonal de Barcelona un entramado de más de 150 sociedades mercantiles. La mayoría están inactivas después de haberlas exprimido. Ha acumulado una gran fortuna haciendo lo mismo que hizo en Galicia, liquidar empresas. Según la Guardia Civil, disfrutaba de lujosos inmuebles y de un velero. Sin embargo, muy poco se sabe de este misterioso liquidador.

En su perfil de Twitter tan sólo revela que es ampurdanés de nacimiento. En esta red social ha escrito un único mensaje, hace más de seis años: “En este mundo lo que se necesita es que seamos mas felices”. A muchos de los empresarios que les compró sus negocios no los hizo más felices. Los acabó de arruinar.

Anuncios en Intereconomía

“Compramos su deuda al contado”. “¿Tu empresa está en crisis? Nosotros te la compramos. Estos eran algunos de los reclamos publicitarios de Gutsen & Vergelsa (G&V), una de las sociedades de las que se servía Roig Pedrosa para pescar empresas que estaban con el agua al cuello. Incluso se anunciaba en Intereconomía.

El grupo G&V compró en 2009 la textil Toypes, de Lalín (Pontevedra), que posteriormente entró en concurso de acreedores y se liquidó. La plantilla de sesenta empleados protagonizó movilizaciones porque no cobraba los salarios. El juzgado mercantil número uno de Pontevedra inhabilitó a Roig Padrosa como administrador, según publicó el BORME de esta provincia en mayo de 2015.

En 2014, TVE emitió un reportaje en el que José Pleguezuelos, un fabricante andaluz de envases de madera para frutas, explicaba que G&V se comprometió a reflotar su empresa, a cancelar la deuda y a cancelar los avales personales. No hizo nada de eso. Dejaron de pagar las facturas y vendieron la maquinaria.

Clemente Sánchez les vendió Iberbarna Jamones, una distribuidora de productos de cerdo ibérico, a cambio de asumir las deudas y la plantilla. No pagaron a los proveedores, pero sí cobraban a los clientes. También dejaron nóminas sin pagar y vendieron los activos.

La fiscalía estaba advertida

El abogado Jordi Vidal, del Colectivo Ronda, se encargó de perseguir a G&V y Roig Padrosa en los tribunales por el caso de Iberbarna Jamones. Incluso aportó documentación adicional a la fiscalía. En febrero de 2013, advirtió al ministerio público de que seguían operando bajo el nombre comercial de IN3 Capital en operaciones de compra de empresas “en fraude de acreedores y vendedores”, según la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Alfons Rodergas, el padre de Beth (cantante que representó a España en el festival de Eurovisión de 2003), es otro de los afectados. En 2008 les vendió Printing Súria, una imprenta de Súria (Barcelona) especializada en libros infantiles, a cambio de que asumieran las deudas. G&V no pagó a los empleados, ni a los proveedores y vendió la maquinaria, según relató un extrabajador. El taller cerró.

Roig Padrosa: el cabecilla de la trama eléctrica duerme en la cárcel por orden del juez Pedraz

Este viernes, Roig Padrosa ingresó en prisión provisional sin fianza por orden de la Audiencia Nacional. El liquidador se ha electrocutado con la trama eléctrica. El juez Santiago Pedraz considera que es responsable de un presunto delito continuado de estafa.