Este es el auto que empuja al Deportivo a Segunda B
El juez da tres días al CSD para pronunciarse antes de ratificar que el club herculino jugará en Segunda División B
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ha rechazado la solicitud de Deportivo y Numancia de paralizar cautelarmente la competición hasta que se resolviera el caso Fuenlabrada, dando un golpe casi definitivo a las aspiraciones del club herculino de continuar la próxima temporada en Segunda División.
El club herculino recurrió a la justicia ordinaria después de que el Consejo Superior de Deportes descartara una Liga con 24 equipos, que permitiera a Dépor y Numancia continuar compitiendo en Segunda División.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid deniega parar cautelarmente el fútbol, lo que condena al equipo coruñés a jugar en Segunda División B, con el enorme impacto económico que conlleva, sin que nadie se haya pronunciado de manera definitiva sobre la presunta adulteración de la competición.
Parar la competición puede ser «un perjuicio irreparable»
El auto judicial considera que no está acreditado “que el interés invocado pudiera prevalecer frente al interés público consistente en el temporáneo desarrollo de las competiciones deportivas oficiales, siendo evidente por el contrario que la imposibilidad de celebración de las competiciones deportivas oficiales hasta que se dictara una sentencia firme en el presente proceso, implicaría un evidente perjuicio al interés público”.
Es decir, el juez entiende que prima el interés de que se ponga en marcha la competición sobre las reclamaciones particulares de Deportivo y Numancia.
“Nada permite deducir que una eventual sentencia estimatoria no pudiera restituir los derechos e intereses legítimos afectados por la resolución administrativa impugnada”, añade el magistrado, quien entiende que, en caso contrario, si las reclamaciones de los clubes son desestimadas, podría producirse un “perjuicio irreparable” si ahora detiene la competición.
El CSD tiene tres días para pronunciarse
El magistrado Francisco Javier Sancho Cuesta da audiencia por tres días al Consejo Superior de Deportes para que «alegue lo que estime procedente». Es la fórmula prevista en la ley de lo contencioso administrativo para procedimientos «de especial urgencia». La normativa establece que «en la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente». Una vez que reciba las alegaciones «o transcurrido el plazo en su caso», el juez decidirá sobre el «levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada», que es recurrible conforme a las reglas generales.
En su argumentación, el juez señala sobre la petición del Deportivo que «en este momento procesal, no se dispone de todos los elementos jurídicos que permitieran valorar la cuestión de fondo de manera completa, pues ni se ha aportado el expediente administrativo ni realizado alegaciones por la entidad demandada, siendo lo cierto que lo que se impugna es un acto administrativo amparado por una inicial presunción de validez y de eficacia administrativa».