Estas son las sentencias que prohibieron la segregación de Ferroatlántica

El empresario Juan Miguel Villar Mir, propietario de Ferroglobe –el grupo en el que se integra Ferroatlántica– ha visto en la venta de las centrales hidroeléctricas de la compañía la ocasión ideal para hacer caja y saldar las deudas que mantiene en otras de sus sociedades, como es el caso de OHL. El problema, es que parece haber puesto el carro antes que los bueyes.

Las centrales hidroeléctricas que jalonan el curso de los ríos Grande y Xallas, para las que el empresario parece que ya tiene comprador, llegaron a su poder tras adquirírselas, junto a Banesto Leasing S.A.F., a la compañía Carburos Metálicos a principios de la década de los 90. Entonces, la Xunta maniobró para que los compradores accediesen a formular una solicitud de autorización administrativa previa para la transferencia de las concesiones.

Condiciones innegociables

Ese documento, que hace referencia a los saltos del Pindo, Castrelo, Puente Oliveira, Fervenza, y Carantoña en el Xallas, y Santa Eugenia en el río Grande y que se aprobó definitivamente el 18 de noviembre de 1992, recoge en su artículo 3º que Ferroatlántica será el nuevo titular del negocio de ferroaleaciones y generación de energía eléctrica, lo que implica la aceptación de unas condiciones «reiteradamente exigidas» por la Xunta, «en especial la no segregación en dos sociedades», pero también la vinculación de las plantas a la actividad industrial.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG hace referencia a la autorización definitiva de la transmisión de los saltos de 1994, que Villar Mir quería declarar nula. Al margen de esta resolución existen informes, como el emitido por el organismo autónomo Augas de Galicia en julio de 2002, que inciden en que la documentación existente que la salvaguarda y tutela del interés público de estos aprovechamientos «va inexcusablemente unida a la continuidad del negocio de ferroaleaciones y a la no segregación de actividades».

Respaldo político y social

Políticos, trabajadores, cargos públicos y vecinos de la comarca de Fisterra son conocedores de estos informes y sentencias, que les aportan un extra de fuerza para luchar contra los intereses especulativos de Villar Mir con estos activos.

Desde que la empresa confirmó sus intenciones de vender, han pasado por Cee representantes políticos de todas las formaciones para mostrar su apoyo y solidaridad con los trabajadores. La última ha sido Ana Pontón (BNG), que este mismo viernes se ha sumado a la concentración de vecinos y empleados frente al Concello de la localidad, en donde ha denunciado el «chantaje» por parte del empresario, al vincular el desarrollo de «un supuesto plan industrial» y la construcción de una fábrica de biomasa a la venta de las minicentrales.