Escalada de los carburantes: Repsol y Cepsa se juegan 30 millones en multas por pactar precios
Las dos petroleras, que controlan casi la mitad de las estaciones de servicio de España, esperan el fallo del Supremo sobre una sanción de Competencia por concertar los precios en sus gasolineras
Gasolinera de Repsol
La escalada del precio de los carburantes tiene una partida secundaria, sin las urgencias de la huelga de transporte, que se juega en el Tribunal Supremo y que afecta a los dos principales operadores de la red de gasolineras española. Repsol y Cepsa, que controlan entre las dos el 42% de las estaciones de servicio, según los datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, llevan años litigando contra una millonaria sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por concertar precios.
Las multas ascienden a 30 millones y se dirimen en la Sala de lo Contencioso coincidiendo con el estallido social provocado por el encarecimiento de los carburantes, aunque proceden de una resolución de febrero de 2015 de la CNMC. Las petroleras encadenaron recursos, alargando el litigio durante años. El superregulador determinó que incurrieron en prácticas prohibidas, como la coordinación de precios de los carburantes, pactos de no agresión o intercambios de información.
El desenlace del litigio llegará con una nueva demanda sobre la mesa, esta vez impulsada por las asociaciones de transportistas, para reclamar compensaciones, precisamente, por la fijación irregular de precios y los acuerdos anticompetitivos de Repsol, Cepsa y BP, los tres principales operadores de la red de gasolineras. Esta demanda colectiva, presentada a principios de año con la adhesión de unos 3.000 transportistas, se fundamenta en los propios informes de Competencia. Es la otra cara del conflicto que está parando empresas y desencadenando ERTEs.
Los recursos de Repsol y Cepsa
Competencia impuso una sanción de 20 millones a Repsol, de 10 millones a Cepsa y de menor importe a Disa, Galp y Meoril, implicándolas a todas en un cártel de gasolineras que controlaba el mercado. Esta investigación afectaba sobre todo a conductas acreditadas por el superregulador en Aragón, Cataluña, Ceuta y Castilla y León.
Tanto Repsol como Cepsa presentaron recursos para evitar la sanción. La Audiencia Nacional los estimó parcialmente, pero no les quitó la multa, sino que obligó a recalcular la cuantía al entender que se utilizó una metodología incorrecta. Las petroleras presentaron un nuevo recurso y, a finales del año pasado, el 6 de octubre, el Supremo los admitió a trámite al ver interés casacional. Ambas compañías alegan la caducidad del procedimiento sancionador.
Pactos de precios y multas en cascada
La batalla no es nueva. Ya en 2009, Repsol y Cepsa fueron sancionados por la entonces Comisión Nacional de Competencia por la fijación indirecta de precios de venta al público. La multa para la compañía de Antonio Brufau fue de 5 millones y la de Cepsa ascendió a 1,8 millones, ambas ratificadas por el Supremo. La Audiencia Nacional, por su parte, anuló en 2021 otra multa a Repsol de 22,6 millones por concertar precios con otros operadores, entre los que estaba Lence Torres, el grupo propietario de Leche Río.
La reiteración de sanciones, con condenas desde 2009, es lo que llevó a los transportistas a presentar la demanda colectiva para reclamar una compensación de más de 100 millones por los daños infringidos durante más de una década.
Repsol ganó el año pasado 2.500 millones, sus mayores beneficios en una década gracias, fundamentalmente, a la escalada de precios del crudo. Cepsa, que entró en pérdidas en 2020, también generó un resultado positivo de 661 millones por el mismo motivo. La petrolera está controlada por Mubadala Investment Company, fondo soberano de Abu Dabi, y por el fondo norteamericano Carlyle.
