Las previsiones del FMI para España, con una caída inédita del 8% del PIB y una tasa de paro del 20,8%, han caído como una losa sobre el empresariado, que sufre las tensiones de liquidez derivadas de la pandemia por el cese de la actividad, especialmente en el caso de las pequeñas empresas. La CEOE reclamó que, ante el impacto del coronavirus y las medidas de confinamiento, el Gobierno accediera a exenciones de impuestos o, al menos, al aplazamiento, como al final sucedió. Pero hay voces que van más allá y advierten que las empresas no pueden soportar tanta carga fiscal cuando sus ingresos han entrado en cuarentena.
Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, asegura que es el momento de pensar en los ERTEs también para el sector público. “El Gobierno debe aplicar de inmediato un ERTE en el sector público, excluyendo servicios fundamentales como la sanidad o las fuerzas de seguridad, y extenderlo durante un mínimo de 6 meses”, propone.
El empresario asegura que no es una crítica a los funcionarios y trabajadores públicos, pero entiende que un sector económico “compuesto principalmente por autónomos, microempresas y pymes” no puede “seguir manteniendo un sinfín de administraciones públicas”. “Autónomos y pymes ya no podemos soportar la carga fiscal”, asegura.
Demasiadas rentas públicas
El presidente de Fegein argumenta que la masa salarial de trabajadores públicos asciende a 128.000 millones, con una previsión de que la deuda pública se dispare y el endeudamiento del sector privado se eleve en los próximos meses “más de un 20%”.
“España cuenta con más de un receptor de rentas públicas por cada trabajador del sector privado debido al envejecimiento de la población, el aumento del paro tras el estallido de la crisis y el abultado peso del sector público. En consecuencia, existe una creciente brecha entre los ciudadanos que obtienen sus remuneraciones del mercado y quienes las obtienen de las administraciones”, considera.
