Entra en concurso el primer grupo gallego de biodiésel tras recibir ayudas millonarias
Egal puso en marcha en 2008 una planta pionera para la producción de biocombustibles en el polígono coruñés de O Acevedo, en Cerceda
En el año 2008, cuando las renovables y los combustibles alternativos eran todavía un buen negocio en el que invertir, un grupo de empresarios decidieron montar una planta de biodiésel, la primera de capital 100% gallego, en el polígono de O Acevedo, en la localidad coruñesa de Cerceda. Casi una década después, con el frenazo regulatorio a estos sectores, la sociedad Energía Gallega Alternativa (Egal) se ve avocada a presentar el concurso de acreedores de manera conjunta con Adara Renovables, que figuraba como socio único y administrador único de la misma.
Según consta en el Registro Mercantil de este lunes, la declaración conjunta del concurso voluntario de acreedores se registró el pasado 22 de diciembre. Días antes, Marcelo Castro-Rial, casi coincidiendo con su salida de la presidencia de la Cámara de A Coruña, había cesado como consejero y presidente de ambas sociedades, cargo que desempeñó desde su creación.
Inversión subvencionada
Su buque insignia, la planta de Cerceda, fue inaugurada en julio de 2008 con el bipartito en la Xunta. Aspiraba a facturar 36.000 millones de euros al año, con una producción de 40.000 toneladas de biodiésel, capacidad que se podía incrementar hasta las 100.000 toneladas. La factoría se financió con capital íntegramente gallego. La inversión ascendió a 12 millones de euros, de los cuales algo más del 20% correspondíeron a ayudas de diferentes administraciones.
El grueso de las aportaciones provino del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), que destinó 1,7 millones de euros al proyecto. Medio millón lo aportó la Xunta de Galicia, a través de una subvención del Igape, mientras que el Ministerio de Economía contribuyó con otros 300.000 euros.
Conversión en deuda
Al cierre de 2015, la mercantil todavía pendiente de devolver 233.377 euros del préstamo del CDTI, avalado íntegramente por la sociedad de garantía recíproca Afigal y con fecha de vencimiento en febrero de 2018. Las ayudas del Igape y el Ministerio se consideraban en un principio no reintegrables. Sin embargo, el incumplimiento de las condiciones exigidas provocó que la subvención del organismo autonómico pasase a ser reintegrable, generando así una deuda a la sociedad cercana al medio millón de euros.
En las cuentas de 2015, la sociedad aclaraba respecto a esta ayuda en concreto que no había recibido ninguna comunicación por parte del Igape exigiendo el reintegro de dicha cantidad, «ni se espera que esto se produzca con anterioridad al ejercicio 2017», apuntaba.