Ence perdió casi la mitad de su valor en bolsa desde el jaque del Gobierno a su prórroga en Pontevedra

Ence afronta una jornada clave por el futuro de su planta de Lourizán (Pontevedra). Está previsto que la Audiencia Nacional se pronuncie este martes sobre los recursos presentados por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) contra la prórroga de la concesión para la factoría.

La sentencia, en el caso de resultar desfavorable para Ence, implicaría que el fin de la concesión pase del año 2073 (como se estipuló en la prórroga que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace cinco años) al 2033, la fecha inicialmente prevista, asestando así un golpe a su cuenta de resultados que ya ha sido, en parte, descontado en los mercados.

La secuencia de la caída en bolsa

Y es que la compañía presidida por Ignacio de Colmenares contaba con una capitalización bursátil de 1.344 millones de euros a comienzos del mes de marzo de 2019. Fue entonces cuando el Gobierno, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, decidió allanarse y respaldar las demandas del Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR, desencadenando una serie de caídas en bolsa que provocaron que Ence perdiese más de 250 millones de euros de capitalización en poco más de un mes.

Tras este golpe inicial, la crisis del Covid-19 ha acentuado el retroceso en bolsa de la pastera, que ha visto cómo sus acciones han bajado hasta situarse en los 3,36 euros, lo que recorta su capitalización bursátil en 827 millones de euros, 517 millones por debajo respecto a sus niveles antes del cambio de criterio del Gobierno sobre el futuro de su planta en Pontevedra.

El punto clave de las demandas en manos de la Audiencia Nacional gira en torno a la fecha de caducidad de la prórroga de Ence en Pontevedra. Y es que la concesión inicial data del año 1958, de modo que, según los demandantes, en 2033 agotaría el plazo máximo de 75 años que contempla la Ley de Costas. A este argumento suman el de los efectos medioambientales negativos que, a su juicio, la pastera provoca sobre la Ría de Pontevedra o el hecho de que el propio Gobierno de Mariano Rajoy se extralimitó al aprobar la prórroga cuando se encontraba en funciones.

La ‘factura’ de Ence por el cierre en Pontevedra

De esta forma, Ence celebra el primer asalto de una guerra judicial que la propia firma vaticina que podría «prolongarse en torno a cuatro años, incluyendo los recursos que se formulen ante las más altas instancias judiciales». La firma llegó a calificar en el pasado de “improbable” un hipotético cierre de su planta de Pontevedra que, además, implicaría un fuego cruzado de indemnizaciones. La compañía cifró en 185 millones de euros el coste de clausurar sus instalaciones, de los cuales 16 irían a parar a cancelar contratos; otros 15 millones, a indemnizar a sus más de 400 empleados directos en Pontevedra; 43 millones, a tareas de desmantelamiento; mientras que los 111 millones de euros restantes se corresponderían a la pérdida de uno de sus activos estrella en balance, algo que tendría impacto contable pero no en caja.

A cambio, Ence anunció que, en el caso de que la Justicia le obligase a cerrar en Pontevedra, reclamaría al Gobierno la indemnización de 132 millones de euros. Era el importe que destinó a inversiones en su planta gallega entre los años 2016 y 2019 en cuestiones de materia medioambiental o de eficiencia energética y que, llegado el caso, la compañía exigiría al Gobierno si la sentencia de la Audiencia Nacional resulta contraria a sus intereses.

Es la factura que dejaría para Ence el hipotético cierre de una planta que cerró 2020 con una producción de 434.718 toneladas de celulosa (frente a las 572.565 de Navia) y que arrojó beneficios por valor de 4,2 millones de euros el año pasado, casi un tercio que los 12,2 millones de su factoría asturiana.