Ence multiplica por siete sus pérdidas tras provisionar 200 millones para el cierre en Pontevedra
La pastera dispara sus pérdidas de 26 a 190 millones de euros y sitúa en "2023-24" el hipotético cierre de su planta en Pontevedra en el caso de que el Tribunal Supremo no estime sus recursos
Ignacio de Colmenares, consejero delegado de Ence / Wikipedia
Ence se hunde en pérdidas tras el jaque de la Audiencia Nacional a la concesión de su planta en Pontevedra. La compañía que preside Ignacio de Colmenares ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cerró el ejercicio 2021 con unas pérdidas por valor de 190,4 millones de euros.
Se trata de unos números rojos que multiplican casi por ocho a los 26,4 millones que se anotó en 2020. Si por aquel entonces fue el Covid-19 el que lastró la evolución de su cuenta de resultados, en 2021, por el contrario, han sido las sentencias de la Audiencia Nacional las que han provocado estas pérdidas millonarias.
La sala de lo contencioso-administrativo estimó los tres recursos presentados por el Concello de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace contra la prórroga que el Gobierno de Mariano Rajoy le había otorgado para alargar su concesión hasta el año 2073.
Los plazos del cierre, en manos del Supremo y del Gobierno
Pese a haber presentado sendos recursos de casación en el Tribunal Supremo para defender la legalidad de la prórroga, la pastera ha optado por provisionar 200 millones de euros en sus cuenta como medida preventiva en el caso de que sus escritos no prosperen.
«De conformidad con la normativa contable aplicable y asumiendo un escenario de potencial cese de actividad de la biofábrica en 2023 – 2024, se registraron en los estados financieros del segundo trimestre deterioros de activos y provisiones de gastos que no supondrán una salida de caja por un importe neto de 151,9 millones de euros» detalla la firma. Ence también explica en su presentación de resultados que en el segundo trimestre del año se materializó una «provisión de 42,3 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la biofábrica y una provisión de 6 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por la potencial cancelación de contratos». A estas cantidades habría que sumar los del «procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra», cuyos cálculos todavía no han sido efectuados al no cumplir con los requisitos contemplados en la normativa para su reconocimiento.
La compañía maneja el bienio 2023-2024 como horizonte para un hipotético cierre en Pontevedra, si bien esta decisión se encuentra supeditada al propio fallo del Tribunal Supremo y al Gobierno. «En caso de no admisión de los recursos o de desestimación de los mismos por parte del Tribunal Supremo, le correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico determinar (en decisión visada por la Audiencia Nacional) el plazo para un potencial cese de actividad de la biofábrica», reconoce la compañía en su presentación de resultados.
