Ence, Iberdrola, Naturgy… Las reclamaciones empresariales desde Galicia al Estado alcanzan los 600 millones

La economía gallega se judicializa. En los últimos tiempos, distintas empresas con negocios e intereses en la comunidad mantienen o preparan reclamaciones millonarias a la Administración Pública. La pastera Ence advierte en su última memoria semestral que, en caso de que no se revoquen las sentencias que tumbaron su prórroga en la ría de Pontevedra hasta 2076, “reclamará a la Administración todos los daños y perjuicios adicionales a los anteriores, que se le generen como consecuencia de la anticipación del vencimiento de la concesión”. Hace dos años, el grupo ya indicaba que una hipotética indemnización podría sobrepasar los 130 millones de euros.

Pero, además de las eventuales reclamaciones del grupo de Ignacio de Colmenares, lo que sí parece ya meridiano es que el Tesoro Público tendrá que devolver más de 1.400 millones de euros a compañías eléctricas por el decreto del canon hidráulico aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2015, que gravaba el uso de aguas para la producción de energía eléctrica y que fue anulado recientemente por el Tribunal Supremo. Aunque la cuantía aún no es definitiva, en sus últimas cuentas anuales, en Galicia, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil apunta a unas cantidades que podrían llegar a los 360 millones de euros (comprendiendo lo recaudado entre 2015 y 2020). Aunque no se especifican las eléctricas que serán beneficiadas, por su explotación de embalses en la cuenca gallega, se sobreentiende que figuran Iberdrola y Naturgy.

De este modo, solo teniendo en cuenta estos dos casos, las posibles reclamaciones de compañías al Estado derivadas de sus negocios en Galicia podrían irse hasta los 600 millones de euros.

Las cuentas de Ence

En su última memoria semestral, Ence deja claro que, si tiene que abandonar Galicia (insiste la pastera en que no hay ninguna ubicación alternativa a Lourizán dentro de la comunidad), reclamará al Estado una indemnización que se prevé millonaria.

“En caso de que, agotadas todas las vías de recurso, se confirmara por los tribunales de Justicia la anulación de la resolución de 20 de enero de 2016 (la que le otorgó la prórroga de su concesión en la ría de Pontevedra), Ence formulará reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración, con el objeto de ser indemnizada por el Estado de todos los perjuicios causados por dicha anulación, dado que no tiene obligación jurídica alguna de soportar los mismos”, expone en su último informe financiero remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si bien en 2019 Ence llegó a hablar de una indemnización de alrededor de 132 millones de euros, hay que tener en cuenta que, ahora, la compañía se ha anotado unas provisiones de 196 millones de euros ante el potencial impacto que el cierre de la fábrica de Lourizán podría tener en sus finanzas. De esta cantidad, 42 millones se corresponden con los costes que estima la compañía le generaría el desmantelamiento de la planta.

También apunta la cotizada que, en caso de que el Supremo no admita su recurso contra el fin de la prórroga, “se vería obligada a iniciar el procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra que se generará” y que afectaría “a la mayor parte de la plantilla de la biofábrica así como a parte de la estructura corporativa ubicada en Pontevedra y en otros centros de trabajo de Ence”. Este hipotético gasto, en todo caso, aún no ha sido provisionado.

Las consecuencias del canon hidráulico en Galicia

Pero, si bien el proceso relativo a Ence aún tiene muchos capítulos por delante, lo que parece meridiano es la devolución de ingresos recaudados que el Estado tendrá que acometer a las grandes hidroeléctricas después de la anulación del decreto del canon hidráulico de 2015. Recientemente, y a preguntas de Economía Digital Galicia, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) indicaba que “los ministerios para la Transición Ecológica y de Hacienda trabajan conjuntamente para diseñar el mecanismo de devolución que, a priori, debe hacerse por medio de las confederaciones hidrográficas encargadas de recaudar el canon”.

“La Confederación del Miño-Sil incluye una estimación provisional del importe que puede corresponderle en sus cuentas de 2020 y está a la espera de que culminen los trabajos interministeriales para actuar según se le indique” , explican.

En ese documento, la CHMS indica que, como consecuencia de la decisión del Supremo, “podría llegar a acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto del canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica”. El importe recaudado ascendería a 369,4 millones de euros. En el ejercicio 2021, los ingresos por este concepto ascienden a 47,3 millones.

La memoria de la CHMS relativa al ejercicio 2020 también revela que a finales de diciembre, Naturgy Generación SLU presentó cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios causados en ocho centrales hidroeléctricas por el agua que tuvieron que liberar para respetar los caudales ecológicos. “La mercantil alega la pérdida de producción de energía eléctrica sufrida desde distintas fechas de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019” y valora los daños en un importe total que sobrepasa los 17,3 millones de euros, expone el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

Audasa: del Covid a los peajes en sombra

Ni Ence ni las eléctricas son las únicas empresas con negocio en Galicia que reclaman a la Administración pública. Destaca también el caso de Audasa. En sus últimas cuentas anuales, Itínere, el grupo de infraestructuras que controla la concesionaria de la AP-9 y Autoestradas de Galicia, confirma que sus sociedades concesionarias participadas solicitaron compensaciones por la caída de tráfico durante la pandemia.

Al margen, en febrero de 2020, el Supremo estimó un recurso contencioso-administrativo de Autopistas del Atlántico contra un real decreto de 2017 que modificó, aseguraba ella que de forma unilateral, el convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta y la propia compañía para el sistema de cálculo de la compensación correspondiente con los peajes en sombra de los itinerarios Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. La sentencia reconoció el derecho de Audasa “a que se le indemnicen los perjuicios causados por la implantación” del sistema de retribución fijado en el decreto del Ejecutivo central.

En su última memoria trimestral, apunta la concesionaria de la AP-9 que “habiendo transcurrido los plazos establecidos legalmente para que la sentencia sea ejecutada sin que haya sido así, con fecha 9 de julio de 2021 la compañía ha instado su ejecución forzosa ante el Tribunal Supremo solicitando que dicho tribunal se dirija a la Administración General del Estado para que dé cumplimiento a la sentencia dictada, con reserva de adición de intereses por razón del retraso”. La compañía estima que los importes pendientes de abono, “sin considerar intereses” se elevan hasta los 19,6 millones de euros.