Ence estudiará a regañadientes su mudanza y Teresa Ribera solo piensa en los empleos
La compañía se abre a analizar su posible traslado de Pontevedra, pero asegura que, por el momento, “no es posible ni por motivos técnicos ni económicos"
Imagen de archivo de la biofábrica de Ence en Pontevedra
Xunta, Gobierno, Concello de Pontevedra, sindicatos y dirección de Ence celebraron este miércoles una reunión clave en Madrid para abordar los planes de futuro de la compañía en Galicia. Con la causa judicial contra la prórroga de la planta de Pontevedra (que actualmente lleva la Audiencia Nacional) como telón de fondo, la administración central y autonómica han abierto la puerta a Ence a buscar posibles ubicaciones alternativas para su biofábrica en otro punto del territorio gallego.
La compañía presidida por Ignacio de Colmenares se ha comprometido a estudiar nuevos emplazamientos para su fábrica de celulosa, pero ha advertido de que, a su juicio “no es posible ni por motivos técnicos ni económicos». De cara a este proceso, la firma podría encontrarse con el viento a favor procedente de los fondos europeos, toda vez que el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abogó horas antes de la reunión por incluir esta mudanza dentro de los proyectos que optan a los fondos Next Generation.
La postura del Gobierno
Estos recursos con cargo a las arcas comunitarias permitirían financiar un movimiento que también es visto con buenos ojos por parte de la ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera insistió al término de la reunión en su voluntad de “mediar en el diálogo que permita buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo”.
La representante del Gobierno central ve con buenos ojos abrir nuevos escenarios para actuar, pero, al mismo tiempo, ha llamado a la prudencia, al entender que todavía se dispone de, como mínimo, una década para elaborar un posible plan b. “Tenemos 10 años para preparar bien esa transformación”, indicó Ribera. La también vicepresidenta cuarta del Gobierno central se ha referido en este punto a la causa judicial que está en manos de la Audiencia Nacional sobre la prórroga que el anterior Ejecutivo (encabezado por Mariano Rajoy) concedió a la pastera en Pontevedra.
“La concesión de Ence estará vigente como mínimo hasta el año 2033, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior gobierno, o si no es así, hasta el año 2073, que fue lo que concedió el anterior Gobierno aplicando una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente”, ha apuntado Ribera, una postura que choca con la de Ence. La empresa ha avanzado que seguirá defendiendo su permanencia hasta el año 2073 al entender que la prórroga en su concesión fue conforme a la ley.
La Xunta pide seguridad para Ence y sus trabajadores
Frente a este choque entre Gobierno (la Abogacía del Estado decidió cambiar de criterio a comienzos de 2019 y allanarse en el proceso judicial contra Ence) y la pastera, la Xunta de Galicia, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo central que aporte seguridad jurídica. Según el vicepresidente económico gallego, Francisco Conde, el cierre de Ence en Galicia “no es una opción” por el impacto que tendría tanto a nivel de empleos directos como en toda la cadena de valor en el sector forestal de la comunidad.
Ante esta situación, Francisco Conde reclamó al Gobierno que modifique la Ley de Cambio Climático, al entender que pone en jaque concesiones costeras como la de Ence, al tiempo que ha tendido la mano al Ejecutivo para colaborar en búsqueda de unas alternativas entre las que comienza a brillar con luz propia la posibilidad de un traslado.
