Ence acusa a Costas de actuar como “un régimen bolivariano”
Ence asegura que el cambio de criterio de la Abogacía del Estado se debe a una orden de la dirección de Costas y vuelve a amenazar con irse a otro país
Ence ha respondido con contundencia a las apelaciones del PSOE a buscar una ubicación alternativa para su fábrica de Pontevedra, cuya prórroga, concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy, está pendiente de los tribunales. Esto no es una novedad, pues la denuncia partió del propio Concello de Pontevedra y de la Asociación pola Defensa da Ría, pero sí lo es la postura de la Abogacía del Estado, que decidió allanarse en la causa, renunciando a defender la continuidad de la pastera en Lourizán.
En pleno conflicto, dirigentes del PSOE como Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario, o Agustín Fernández, candidato a la alcaldía de Pontevedra, aludieron a la posibilidad de buscar otra ubicación para la fábrica de la compañía. Ence ha respondido con virulencia al mensaje, que en realidad no es nuevo, pues ya se especuló con esa posibilidad antes de la concesión de la actual prórroga.
Ence se irá de España si cierra en Pontevedra
De hecho, la compañía que preside Juan Luis Arregui recuerda que ya encargó un informe a la consultora IDOM en el que se indica que «no existe emplazamiento alternativo» en Galicia para la planta. La consultora “no ve posible” desde “un punto de vista técnico” encontrar otra ubicación diferente para la fábrica de Ence en Pontevedra que cumpla al mismo tiempo «con todos los condicionantes» establecidos.
Por si esto fuera poco, Ence ha recordado en un comunicado que al suponer la madera y la mano de obra el 61% del coste total de fabricación de la celulosa, si invierte en una nueva fábrica lo haría en un país con estos dos componentes más baratos que en Galicia. Además, este gasto lo llevaría a cabo, «desde luego», en un país que ofreciese seguridad jurídica a su inversión.
El Gobierno “decide que la ley es ilegal”
«El modo en que la Dirección General de Costas ha actuado es propio de un régimen bolivariano«, ha subrayado Ence, ya que, a su juicio, «se inventa una interpretación falsa y manipulada de la Ley y, apropiándose de facultades del Parlamento o del Tribunal Supremo, decide que la ley es ilegal».
Segú la empresa, la Dirección General de Costas ordenó a la Abogacía del Estado a «desdecirse de lo que había defendido hasta entonces» y a «allanarse en tres recursos contra el otorgamiento de la prórroga de la concesión de Ence Pontevedra que ella misma había dado dos años antes, exigiendo inversiones por 61 millones de euros de los que se han ejecutado más de dos terceras partes».
