Empresarios gallegos negocian con la Xunta al margen de la patronal
El Círculo de Empresearios de Galicia y otras agrupaciones empresariales piden a Facenda la creación de una mesa de diálogo para tratar el pago de impuestos
Un nutrido grupo de entidades encabezadas por el Círculo de Empresarios ha pedido al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, la creación de un foro de diálogo entre la Axencia Tributaria Galega y las asociaciones y colegios profesionales de la comunidad.
El objetivo sería propiciar un «modelo colaborativo» que aporte «seguridad al sistema en las liquidaciones de los tributos cedidos a la comunidad», según explicó la presidenta del Círculo de Empresarios, Patricia García.
Siete entidades y ninguna es la patronal
La propuesta se presentó en una reunión celebrada este jueves en Santaigo entre el conselleiro y una comisión encabezada por García en la que se integraban un importante número de entidades, pero en la que no tenía presencia la Confederación de Empresarios de Galicia, a priori, la entidad encargada de defender los intereses empresariales ante el Gobierno gallego.
En la iniciativa para abrir una mesa de diálogo con Facenda están el Consello Galego de Economistas, los colegios de economistas y abogados de Pontevedra, la Universidade de Vigo (UVigo), la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Asociación Gallega de Empresa Familiar y el Círculo Financiero de Galicia.
Valeriano Martínez ha emplazado a septiembre la convocatoria de un equipo técnico de trabajo enfocado en el análisis de los datos de conflictividad en Galicia y la confrontación de «posibles discrepancias».
Un código de buenas prácticas y un defensor del contribuyente
Patricia García, por su parte, avanzó que la primera actuación del foro consistiría en la redacción de un Código de Buenas Prácticas Tributarias. También abogó por la constitución de un Consello Defensor do Contribuínte como un órgano dependiente del Parlamento de Galicia que estudie las quejas de los contribuyentes y tenga capacidad para instar a la administración tributaria a «revocar actos contrarios al Derecho».
Este órgano podría realizar un «control de calidad» y un seguimiento de la actividad de esta administración, así como exigir la aplicación de «criterios uniformes y ajustados» a la normativa.
