Una empresa sancionada por amañar contratos de Adif reclama 7,4 millones en sobrecostes del AVE gallego
Comsa llevó a la Audiencia Nacional los retrasos en obras del corredor norte-noreste de Alta Velocidad, con una reclamación de 7,4 millones por los gastos ocasionados por la ampliación de los plazos
Imagen de archivo de las obras del AVE a Galicia
Comsa, una de las constructoras sancionadas por el cártel que amañaba concursos de Adif, ha emprendido la batalla judicial para exigir los sobrecostes de sus trabajos en el AVE a Galicia. La compañía reclamó ante la Audiencia Nacional 7,4 millones por los retrasos en las obras del tramo entre Canda y Vilavella, en el municipio de A Mezquita y en una de las zonas de mayor complejidad para la conexión de alta velocidad, como es la que une Lubián y Ourense.
La compañía señala que la ampliación del plazo de ejecución le ocasionó mayores gastos indirectos por valor de 2,5 millones y otros gastos generales por valor de más de 4 millones, a lo que habría que añadir los intereses de demora que pretende recibir de Adif Alta Velocidad, la entidad pública que se encarga del despliegue del AVE.
La Audiencia Nacional, en una sentencia del pasado enero que resuelve el recurso de apelación presentado por Comsa contra una primera resolución del mismo tribunal, estima parcialmente los argumentos de la constructora, pero rebaja sustancialmente la factura. Por un lado, limita el retraso imputable a Adif a algo menos de cinco meses, prácticamente la mitad de lo que consideraba Comsa al incluir en la reclamación una última prórroga del plazo de cuatro meses más.
La Sala de lo Contencioso también deja fuera una serie de obras por las que la empresa pedía el abono de los mayores costes en los que incurrió y que listaba de la siguiente manera: voladura controlada en proximidad de línea eléctrica (258.577,25 €); excavación en zanja con voladura(227.782,58 €); balsas de decantación (206.214,61 €); tipología de cimbra del Viaducto de Vilavella (141.179,32 €); vertedero V-3 (210.000,00 €); el montaje y desmontaje de cimbra en el Viaducto de Vilavella (103.471,22 €); y pérdida de rendimiento en túnel (250.000,00 €).
A la espera del Supremo
Los magistrados no solo rechazan los argumentos de Comsa para elevar la reclamación, sino que, atendiendo a un recurso presentado por el gestor de infraestructuras ferroviarias, tumban el sistema de cálculo de costes indirectos que utilizaba y que, según la Sala, no tiene en cuenta a quien corresponde la responsabilidad de los retrasos.
«Con la fórmula del perito de la actora se obtendrían sobrecostes ya existiera una demora de un mes, de un año, de 20 años o, incluso, aunque el contrato se ejecutara con un año de adelanto a la fecha de finalización prevista. A la fórmula le da igual tanto el tiempo de demora como la imputabilidad del coste a la demora», dice la sentencia.
El fallo queda ahora pendiente del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El cártel de constructoras
Comsa es una de las 15 empresas que fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2019, acusadas de formar varios cárteles para repartirse concursos públicos de Adif. El superregulador señaló también a Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc, imponiendo multas por valor de 118 millones. Como es habitual en el caso de las sanciones de Competencia, la mayor parte están paralizadas en la Audiencia Nacional a la espera de la resolución definitiva sobre el caso.
«Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional», señalaba la entidad que preside Cani Fernández, que detectó tres áreas de actuación en su investigación: un cártel para la electrificación del AVE entre 2008 y 2016; otro para la electrificación de líneas convencionales entre 2002 y 2016; y un tercero de electromecánica del AVE entre 2012 y 2015.
En base a las pesquisas de Competencia, las prácticas del cártel habrían afectado a la alta velocidad a Galicia. Alstom e Indra habrían concertado ofertas para el mantenimiento de túneles entre Ourense y Santiago; mientras que Elecnor, Cobra y Semi, estas dos últimas del grupo de Florentino Pérez, habrían acordado repartirse el contrato de la línea aérea de contacto en el eje Santiago-Ourense, aunque las discrepancias entre ellas acabaron por desbaratar el plan.
