El verdadero negocio de las minas de oro en España
Las corporaciones canadienses acaparan las licencias de exploración de minerales, especialmente para metales preciosos; pocas explotaciones se llevan a cabo, pero la especulación con el proyecto beneficia a las empresas
Buscar oro en España es una ruina. Una veintena de empresas se dedican a explorar posibles yacimientos. Todas pierden dinero aunque tienen la esperanza que algún día serán inmensamente ricas. Se encargan de tramitar las correspondientes licencias mineras y, a continuación, intentan dar con el preciado metal. Aunque no lo encuentren, al menos en cantidades suficientes para hacer viable su explotación, el simple hecho de tener una licencia minera puede ser un buen negocio.
Las corporaciones mineras canadienses buscan derechos de exploración por todo el mundo y, por supuesto, en España. La mayoría de las mineras júnior españolas, tal como se llama a las empresas especializadas en la exploración de minerales, están participadas o vinculadas a grupos canadienses que operan en la bolsa de Toronto. El proyecto minero de Corcoesto fue primero de Lundin Mining y después de Edgewater, ambas con domicilio en Canadá. Controlar licencias de explotación en todo el planeta aumenta el valor de las acciones de sus compañías.
Un sector «especulativo»
El geólogo leonés Alberto Rivas, considerado uno de los grandes expertos de la minería del oro, señala que tan sólo una de cada diez licencias de exploración de minerales que se conceden en el mundo son viables, un porcentaje que en España se reduce a una de cada veinticinco y, en el caso concreto de metales como el oro y la plata, ni siquiera hay datos.
Alberto Rivas confirma que el sector de las mineras júnior es «muy especulativo». Las licencias de exploración o investigación son «baratas». Su precio está en función de la superficie concedida, pero suelen oscilar entre los 5.000 y los 20.000 euros. Si encuentran minerales en una cantidad suficiente para ser explotados, pueden vender la licencia por cifras astronómicas. En caso contrario, estar en posesión de una licencia minera, especialmente si es para la exploración de oro, puede ser un activo del que saquen provecho otras corporaciones extranjeras.
El empresario extremeño Francisco Corbacho, administrador único de Quercus Explorations, reconoce que hay quien especula con las licencias de exploración de oro. Explica que recibió la oferta de un grupo minero sudafricano por una concesión en España, pero no la vendió.
Corbacho también es consejero y socio de Minas de Estaño de Extremadura, controlada por la corporación canadiense Eurotin Inc, con sede en Toronto. Corbacho explica que las mineras canadienses pueden deducir impuestos, hasta un máximo del 80%, con la compra de licencias de exploración en el extranjero. Esto explica que los canadienses estén detrás de tantas mineras júnior, especialmente de las que buscan oro.
Juan José Serentill es un empresario leridano que acaba de entrar en el mundo de las licencias de exploración mineras. Esta tramitando una concesión de 8.000 hectáreas en en la comarca del Ripollès, en el Pirineo de Girona. La Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat ha sometido a información pública su proyecto.
Corcoesto en Girona
Enric Gràcia, responsable de Medio Ambiente del Consejo del Ripollès y alcalde de Planoles, uno de los municipios afectados, deja muy claro que están totalmente en contra del proyecto. Gràcia apunta que Serentill ha recuperado una vieja concesión, que había caducado hace cincuenta años, y sospecha que el interés de los promotores no esté en el metal sino en disponer de una licencia minera.
Serentill ha comentado a algunos de sus interlocutores que ha invertido 15.000 euros en el proyecto. También asegura que existe en oro en cantidades suficientes para ser explotado tal como indicaría el análisis de unas catas que envió a Vancouver (Canadá).
Las empresas mineras españolas dedicadas a la exploración suelen acumular pérdidas hasta que desaparecen si antes no consiguen dar con un filón. Algunos ejemplos: Minas de Estaño de España, con sede en Sevilla y controlada por la canadiense Iberian Minerals, no tuvo ingresos y perdió 739.000 euros en 2012, el último ejercicio del que se pueden obtener datos. Northeen Gold Mines, de Salamanca y controlada por la irlandesa Ormonde Mining, tampoco tuvo ingresos y perdió 19.000 euros en 2011; Ormonde España, también propiedad del anterior grupo irlandés, perdió 470.000 euros en su último ejercicio.
La asturiana Orovalle Minerals, controlada actualmente por la canadiense Orvana después de diversos cambios en su accionariado, tuvo unas ventas el año pasado de más de 63 millones de euros gracias a sus minas de Belmonte de Miranda, aunque cerró el ejercicio en números rojos, con unas pérdidas de más de 15 millones de euros.
Una de las empresas históricas, la gallega Mineira de Corcoesto, controlada por la canadiense Edgewater, también tuvo en 2015 un agujero de cerca de 12 millones de euros. Reclamaron a la Xunta una indemnización de 20 millones de euros por la denegación de la autorización.
Estos resultados no asustan a algunas grandes corporaciones españolas. Valoriza Minería, del grupo Sacyr, está invirtiendo en explotaciones y derechos mineros.
Los ingenieros defienden las mineras júnior
Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de España, defiende la actividad de las mineras júnior: «por lo general, las grandes empresas no suelen gastar mucho dinero en la búsqueda de nuevos yacimientos, suelen comprárselos a las Junior, que son las que buscan financiación en las bolsas especializadas, como la Canadiense, para investigar, sondear y gestionar los permisos».
Pero esta actividad choca con frecuencia con las comunidades locales y los grupos medioambientales. «Las mineras Junior fomentan la especulación en el sector minero y en gran número de ocasiones son las encargadas de hacer el trabajo sucio a las grandes corporaciones del sector extractivo a cambio de un margen de rentabilidad suficiente para sostener el negocio del que dependen», explica el periodista medioambiental Ramón Varela desde la plataforma Salvemos Cabana.
A pesar de que esta operativa es muy habitual, la Xunta se mostró sorprendida cuando descubrió que Edgewater «quería vender el proyecto y llevarse los beneficios», en palabras de Alberto Núñez Feijóo, una vez que la explotación fue desautorizada y la minera emprendió demandas contra el Gobierno gallego.
Movilización social
«Las comunidades locales afectadas por los proyectos que éstas defienden, que pese a las promesas de empleo y la utilización de supuestas actuaciones compatibles con el medio ambiente levantan la voz al comprobar que los métodos empleados no siempre coinciden con los postulados que las junior mining companies defienden en público. Así ha sucedido en proyectos mineros frustrados en Galicia y Asturias (en los auríferos de Corcoesto y Salave respectivamente)», expone Varela.
Esta oposición persiste a día de hoy con planes extractivos como los de la minera australiana Berkely para extraer uranio en Salamanca, o el de Quantum Mineria para hacer lo propio con las tierras raras en la provincia de Ciudad Real. La plataforma Stop Uranio ha reunido los apoyos de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos en el Congreso contra la explotación de Retortillo, aportando 100.000 firmas para paralizar el proyecto.
